De gasolinas y gasolinazos

Alberto Barranco

Adelantada un mes la quinta etapa de flexibilización del mercado de combustibles, es decir liberalización a medias, teóricamente a partir del 30 del mes que corre habría precios diferenciales en materia de gasolinas. La realidad, sin embargo, mostrará altas o bajas imperceptibles

De hecho, en un mercado regulado, la Comisión Nacional de Hidrocarburos tiene facultades para equilibrar los precios, es decir, ni muy arriba, pero tampoco ni muy abajo.

La razón es simple: la inmensa mayoría de las gasolineras se sigue surtiendo de los combustibles que expide Petróleos Mexicanos, dado que aún abierta la frontera para que particulares importen los energéticos, no hay condiciones para hacerlo.

La infraestructura que pondrían en la mesa tanto Petróleos Mexicanos como la Comisión Federal de Electricidad se está subastando a cuenta gotas.

En el curioso argot instrumentado, al procedimiento se le conoce como “temporada abierta”.

No hay, pues, ni ductos privados ni centros de almacenamiento en el escenario.

Y aunque los hubiera, tampoco se reduciría gran cosa el precio de venta al público, dado que nacional o extranjera, la Secretaría de Hacienda aplica tabla rasa al marco tributario para gasolinas y diesel.

A la carga hay que agregarle los costos de almacenaje y de transporte.

Así, la posibilidad de los “gasolinazos” depende de los vaivenes que aplique la dependencia en materia del principal cargo, es decir el Impuesto Especial sobre Productos y Servicios.

La paradoja del caso es que el más reciente, en enero del año pasado, que colocó a las gasolineras como receptores de la ira popular, en realidad perjudicó a sus propietarios.

El beneficio para éstos fue de sólo un centavo por litro.

Si antes el contrato de franquicias hablaba de una comisión equivalente a 6.5% del producto, la Secretaría de Hacienda y la Comisión Reguladora de Energía modificaron la base para reducir el porcentaje.

De hecho, las estaciones de servicio que mantienen fidelidad a Petróleos Mexicanos están abriendo nuevos nichos de negocio vía la colocación de franquicias exitosas aledañas como Starbucks, Domino’s Pizza, además de corresponsalías para bancos y pequeños talleres para atender fallas mecánicas.

Colocadas en escena empresas como Shell, la primera en llegar a la cita; British Petroleum, Chevron, Trafigura, Glencore y Tesoro Corp, las gasolinas que expiden son de Petróleos Mexicanos.

En el escenario de la apertura sin estructura, hete aquí que colocadas en la zona noreste del país instalaciones ociosas de Pemex para renta o venta a importadores de gasolinas, de pronto la Comisión Federal de Electricidad le colocó tienda de enfrente.

La empresa llevó al escaparate un gran depósito para combustibles o carbón que resultó estéril al generalizarse el uso de gas natural como combustible.

Total, ni para Dios ni para el diablo.

En el marco, está también la tardanza de Petróleos Mexicanos en imponer las tarifas para transporte de gasolinas importadas por sus ductos.

Hasta hace unos días se planteó un nuevo contrato de franquicias acorde con la competencia feroz que se deslumbra.

Libre mercado a la mexicana.

Balance general. En el escenario de posible quiebre del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, aunque el gobierno empezó a discutir posturas que se habían calificado de inaceptables, en calidad de veladora, desde otro ángulo se mantiene un discurso de minimización de lo que antes se calificaba de panacea.

Al fin que ni quería.

Así, en un reciente foro de empresarios celebrado en Guanajuato, el secretario de Hacienda, José Antonio Meade, señaló que 51% de las importaciones procedentes de Estados Unidos se adquiere fuera de las normas del acuerdo mercantil.

Las transacciones se rigen bajo las reglas de la Organización Mundial de Comercio.

Dicho con todas las letras, el paragüas del TLCAN sólo vale para la mitad de lo que le compramos al país del norte, lo que en una eventual ruptura nos llevaría a escenarios de tasa cero de arancel a 6% o 7% en determinados productos.

Traje a la medida. Los participantes de una licitación pública convocada por el Centro Nacional de Control de Gas Natural para el Servicio Administrado de Transporte de Datos para las Tecnologías Operacionales, conocido como TELCO, se quejan de que el organismo le confeccionó un traje a la medida a la firma ganadora.

La condición era que las firmas tuvieran el apoyo del fabricante de los equipos, la empresa Tagigo de Enrique Aguirre Sánchez.

Y hete aquí que el único que cumplía el requisito era la firma Apollo Communications, a quien se le levantó la mano.

La firma es parte de Quimera Apollo, cuyo accionista mayoritario es la familia Katz, dueña a su vez de la línea aérea Aeromar y de diversas contratistas de subsidiarias de Pemex.

El caso es que la firma no tiene experiencia en el ramo.

El contrato es por seis años.

Revolución financiera. De acuerdo con el informe trimestral que le entrega la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro al Congreso, la masa de recursos acumulados representa ya 25% del ahorro interno, lo que obligó a revolucionar el escenario financiero.

Así, se han ampliado los plazos de redención de las colocaciones de instrumentos de deuda del gobierno federal; se abrió la puerta a créditos hipotecarios a 20 años con tasa fija o variable, y se ha desarrollado un mercado de deuda corporativa.

Pólvora mojada. Aunque el año pasado la Secretaría de Hacienda, vía su unidad de Inteligencia Financiera, recibió 17.4 millones de denuncias sobre lavado de dinero, en la bitácora sólo se plantearon 112 querellas de tipo penal ante la Procuraduría General de la República.

En previsión se bloquearon cuentas bancarias por mil 448 millones de pesos y 13.2 millones de dólares.

En el marco, la Subprocuraduría Especializada en Investigación contra Delincuencia Organizada incautó sólo 11.4 millones de dólares y 533 millones de pesos.

De acuerdo con el abogado Abimael Zavala Martínez, del despacho Zavala Abogados, la raquítica cosecha se debe a una laguna en el artículo 400 bis del Código Penal Federal que determina como causal de lavado el que se acredite que la persona física o moral acusada tenía conocimiento del origen ilícito del dinero, lo que implica subjetividad.

El común para el lavado en la constitución de empresas fantasma.

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