Investigadores de Harvard, Princeton, Stanford, Sciences Po… condenan “clima de intimidación” hacia científicos mexicanos

En un comunicado, 34 investigadores condenaron “cualquier esfuerzo por crear un clima de intimidación hacia personas dedicadas al quehacer científico”.

Investigadores de Harvard, Princeton, Stanford, Sciences Po… condenan “clima de intimidación” hacia científicos mexicanos
Foto: Especial
Ciencia y Salud 04/10/2021 11:35 Antonio Díaz Actualizada 11:35
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Investigadores de universidades estadounidenses como Columbia, Harvard, Princeton y Stanford, así como la francesa Sciences Po, expresaron que han seguido “con gran preocupación” los intentos de la Fiscalía General de la República (FGR) para girar órdenes de aprehensión en contra de 31 científicos ex funcionarios del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) y el Foro Consultivo Científico y Tecnológico (FCCyT), y condenaron “cualquier esfuerzo por crear un clima de intimidación hacia personas dedicadas al quehacer científico”. 
 
En medios de comunicación se dio a conocer que 31 científicos, entre ellos Enrique Cabrero Mendoza, Julia Tagüeña Parga, José de Jesús Franco López, Víctor Gerardo Carreón Rodríguez y Gabriela Dutrénit Bielous, fueron acusados por la FGR encabezada por Alejandro Gertz Manero de cuatro delitos: Peculado, Uso ilícito de atribuciones y facultades, Operaciones con recursos de procedencia ilícita y Delincuencia organizada, esto tras la denuncia presentada por el Conacyt dirigido por María Elena Álvarez-Buylla. 
 
Al respecto, académicos de Estudios Latinoamericanos de universidades internacionales enviaron un comunicado en el que dijeron que han seguido “con gran preocupación las noticias sobre los esfuerzos de la Fiscalía General de la República (FGR) de México para arrestar y procesar a 31 científicos y científicas e investigadoras, con cargos de crimen organizado y lavado de dinero, por su participación en el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) y su Foro Consultivo Científico y Tecnológico, AC”. 

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Lo anterior porque la FGR ha buscado que se giren órdenes contra los miembros de la comunidad científica y colocarles en “El Altiplano”, un penal de máxima seguridad en el Estado de México. Sin embargo, esto no se logró porque el juez Gregorio Salazar, adscrito al Centro de Justicia Penal Federal de Almoloya de Juárez, Estado de México, consideró que no existió delito alguno por parte de los 31 imputados. 
 
“Aplaudimos la valentía e independencia judicial de los y las juezas mexicanas que han resistido hasta ahora presiones políticas para aceptar una orden de aprehensión basada en argumentos legales dudosos. Condenamos cualquier esfuerzo por crear un clima de intimidación hacia personas dedicadas al quehacer científico. Confiamos en que se mantendrán las salvaguardias democráticas en México para garantizar un debate público abierto y continuo; y que se privilegiará el estado de derecho y un debido proceso legal, como la mejor manera de conciliar la protección de la libertad académica y la vigilancia del uso de fondos públicos con fines científicos”, se lee en el comunicado. 
 
Los responsables del documento son Alberto Díaz Cayeros, director del Centro de Estudios Latinoamericanos, Universidad de Stanford; María Victoria Murillo, directora del Instituto de Estudios Latinoamericanos, Universidad de Columbia, y Steven Levitsky, director del Centro de Estudios Latinoamericanos David Rockefeller, Universidad de Harvard. 

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Hasta el momento, el comunicado fue firmado por 34 investigadores, entre ellos, Isabela Alcañiz, directora del Centro de Estudios Latinoamericanos y del Caribe, Universidad de Maryland; Claudio Lomnitz, miembro de El Colegio Nacional; Diane Davis, coordinadora de la Iniciativa de Ciudades Mexicanas; Susan Stokes, presidenta del Chicago Center on Democracy, Universidad de Chicago, y Beatriz Magaloni directora del Laboratorio de Pobreza, Violencia y Gobernanza, Universidad de Stanford. 
 
También firmaron Sarah Poot Herrera, cofundadora de la Asociación UC-Mexicanistas, Universidad de California, Santa Bárbara; Gaspard Estrada, director ejecutivo de l'Observatoire politique de l'Amérique latine et des Caraïbes (OPALC) en Sciences Po; Matthew Carnes, S.J., director del Centro de Estudios Latinoamericanos, de la Universidad Georgetown; Jaime Sepúlveda (director del Instituto Global de Ciencias de la Salud de la Universidad de California, y Mikael Wolfe, del Consejo Académico del Centro de Estudios Latinoamericanos, de la Universidad de Stanford, entre otros.

melc

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