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Las aplicaciones de inteligencia artificial son un reto más para el sector salud, que ante la falta de transparencia de datos, están sugiriendo a los usuarios soluciones que en algunas ocasiones pueden ser erróneas, alertaron expertos en transparencia y salud.
“Nuestra amenaza más grande, le decía al menos al pleno del INAI por muchos años, cuando gozaba de oportunidad de decírselo, pero nunca tuve eco. El gran enemigo del acceso a la información pública gubernamental es la inteligencia artificial. El nuevo médico de cabecera se llama ChatGPT, por lo menos en el caso de México, que es el quinto usuario más grande del mundo de ChatGPT.
“Es el nuevo instrumento para la automedicación y para tomar decisiones de salud. En ausencia de información de calidad, ChatGPT o las suites de inteligencia artificial van a tomar o van a hacer recomendaciones de menor calidad. Entonces, el gran enemigo del acceso a la información paradójicamente es quien resuelve en segundos las preguntas que se tienen”, dijo Eduardo Bohórquez, director ejecutivo de Transparencia Mexicana.
Añadió que el uso de las plataformas de inteligencia artificial tiene la ilusión de transparentar porque las personas acceden muy rápido a la información, pero como las bases de datos son incompletas, poco actualizadas, sin estar en los formatos correctos, en datos abiertos, las personas van a terminar tomando "terribles" decisiones con un ente que además no es sujeto de ninguna responsabilidad.
En el marco del webinar “¿Cuánto cuesta enfermarnos? La urgencia de transparentar los precios en la atención médica privada” organizado por la asociación civil Soy Paciente, Adolfo Martínez Valle, catedrático del Centro de Investigación en Políticas, Población y Salud de la UNAM, expuso además que en la actualidad no hay información precisa y actualizada sobre los servicios de salud privados y públicos, lo que deja a los usuarios en problemas frente a una necesidad básica.
Ejemplificó sobre los costos de un parto, ya que en el sector público, sin ser derechohabiente, puede costar entre 10 y 30 mil pesos, mientras que en el privado, entre 17 y 64 mil. Otro caso es una terapia intensiva que puede costar en el sector privado entre 100 y 500 mil pesos y en el sector público no hay datos disponibles.
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Agregó que en ese sentido la transparencia puede beneficiar a la población, ya que esta gasta hasta la mitad de sus ingresos cuando se trata de los sectores más pobres.
Apuntó que no hay estudios disponibles sobre los costos y los precios y que cuando los hay no se usan, cuando lo recomendable es medir sistemáticamente estos factores y tiene registros administrativos para mejora del sector.
Finalmente, Luis Fernando Hernández Lezama, presidente de Soy Paciente, apuntó que ya más de 47% de la población con derecho a servicios públicos está acudiendo a las instituciones, lo que habla de que hay una mayor presión en el sistema público, y por lo tanto también en el privado, lo que a su vez apremia la rectoría del gobierno, no solo como proveedor del servicio, sino como regulador en busca de garantizar el derecho a la salud.
ss/mcc
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