UIF actualiza lista antilavado de personas políticamente expuestas

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) actualizó la lista enunciativa con cargos públicos que serán considerados como Personas Políticamente Expuestas nacionales (PEP por sus siglas en inglés) para que los bancos pongan la lupa para evitar el lavado de dinero.

Además de las instituciones de crédito , todas las entidades del sector financiero pueden consultar dicho listado para elaborar sus reportes de operaciones sospechosas .

Por primera vez se incluye como “obligados a seguir esta guía” a las instituciones de tecnología financiera y sociedades autorizadas para operar con modelos novedosos que regula la nueva Ley Fintech , y a funcionarios de la Fiscalía General de la República (FGR) como PEPs .

El documento contiene información sobre el objetivo de contar con la lista, las fuentes públicas consultadas para su elaboración, definiciones y criterios, así como los factores para determinar si un cliente, usuario o propietario real puede ser considerado como Persona Políticamente Expuesta.

Asimismo, los aspectos a nivel estatal y municipal que deberán considerar las entidades financieras y sujetos obligados.

Son 19 secretarías más los subsecretarios, la Consejería Jurídica los órganos reguladores coordinados en materia energética y la FGR.

Están los que integran el Poder Judicial y el Legislativo, es decir diputados y senadores, Petróleos Mexicanos, la Comisión Federal de Electricidad y principales funcionarios de los organismos no sectorizados, sectorizados-descentralizados y autónomos.

En el ámbito estatal, son PEPs los legisladores locales, gobernadores y la policía judicial; y a nivel municipal los alcaldes.

Por último aparecen los que integran a los partidos políticos.

¿PARA QUÉ SIRVE LA LISTA?

La lista la creó el Grupo de Acción Financiera (GAFI) como parte de su estrategia para combatir el lavado de dinero.

El organismo define a los PEPs, a aquellas personas a las que se les han confiado funciones públicas prominentes, como por ejemplo jefes de Estado o de Gobierno, políticos de alto nivel, funcionarios gubernamentales o judiciales, militares de alto rango, ejecutivos de corporaciones estatales y funcionarios de partidos políticos.

El grupo antilavado que tiene sede en París, Francia, emitió 15 recomendaciones que deben cumplir los países miembros, entre ellos México, para luchar contra el blanqueo de activos, y nueve recomendaciones especiales para evitar el financiamiento al terrorismo.

La recomendación número 12 indica que las instituciones financieras están obligadas a aplicar medidas de debida diligencia para saber quiénes son sus clientes para poder identificar a las Personas Políticamente Expuestas, es decir los que tienen una función pública relevante.

El objetivo es seguirle los pasos a los PEPs en sus movimientos bancarios y financieros para evitar que utilicen sus cargos para lavar dinero en el sistema financiero.

Para ello, los bancos y demás entidades del sistema financiero, elaboran reportes de operaciones sospechosas que son enviados a la UIF.

Cuando se trata de operaciones con efectivo, las actividades consideradas vulnerables como casinos, joyerías, inmobiliarias, distribuidoras de autos, blindaje y profesionales como notarios y abogados deben dar aviso al Servicio de Administración Tributaria (SAT).

vcr