El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) afirmó que la decisión de la Comisión Reguladora de Energía (CRE) de permitir que Pemex fije sus precios de venta y de servicios en lugar de la autoridad reguladora, da poder a la empresa petrolera del Estado para dominar el mercado , además de que genera incertidumbre, vulnera la confianza de inversionistas e incumple con la palabra del gobierno de no hacer más cambios.

Por lo que piden dar marcha atrás o reconsiderar las decisiones que se tomaron porque frenan las inversiones en el sector que más detona proyectos y generan incertidumbre.

El martes pasado la CRE dio marcha atrás a una disposición por la cual los precios de venta de petrolíferos de Pemex a gasolineros y los precios para que los privados utilicen estaciones de almacenamiento se sometía a la autoridad reguladora, con lo que ahora la petrolera fijará sus propios precios.

En un comunicado, el CCE explicó que está preocupada y sorprendida porque se eliminó la regulación asimétrica y dijo: “Con ello se afecta de manera grave la libre competencia en el mercado de petrolíferos en México, se genera incertidumbre y se vulnera la confianza de los inversionistas y los consumidores finales, puesto que ahora PEMEX podrá ejercer su posición dominante en la venta de hidrocarburos sin restricción alguna”.

Añadió que el gobierno “se había comprometido a no introducir modificaciones en la regulación del ámbito energético, esta medida es un nuevo cambio de reglas de juego, que se suma a la decisión tomada sobre los Certificados de Energía Limpia (CELS) en fechas recientes. Estas decisiones no abonan a mejorar el clima de negocios, y tampoco representan una ventaja importante para Pemex o para la Comisión Federal de Electricidad ”.

El problema que observan es que al eliminarse la llamada regulación asimétrica que evitaba el monopolio y permitía mayor competencia habrá “discrecionalidad” lo que se suma a la inexistencia de “mecanismos de rendición de cuentas”, precios discriminatorios de manera unilateral, sin intervención de las autoridades.

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Todo lo anterior “genera un clima de incertidumbre en el marco regulatorio existente, destruye la certeza jurídica, afecta el clima de inversión e inhibe la participación de mayores prestadores de servicios y de una oferta diferenciada en beneficio del consumidor”.

asgs

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