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México pide ser reevaluado en materia de lavado de dinero; envía información al GAFI

La Unidad de Inteligencia Financiera informó que se tenía previsto remitir el informe en agosto, pero derivado de la contingencia por Covid-19 el GAFI ajustó los plazos

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Foto: Archivo/EL UNIVERSAL
Cartera 18/12/2020 15:43 Leonor Flores Actualizada 17:21

México solicitó este viernes 18 de diciembre al Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), ser evaluado para recalificarlo en las acciones antilavado que estaban parcialmente o no cumplidas desde 2017.

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) informó que se tenía previsto remitir el Tercer Informe de Seguimiento de México en agosto de 2020 a fin de llevar a cabo el proceso de solicitud de recalificación.

Sin embargo, derivado de la contingencia por la pandemia del Covid-19, el GAFI y los países miembros se han visto obligados a plantear ajustes a los plazos.

Por lo que ahora ya está en condiciones de solicitar la recalificación de siete de 16 recomendaciones que fueron calificadas como parcialmente cumplidas o no cumplidas.

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Los países que son parte del GAFI, como México, están comprometidos a seguir las 40 recomendaciones para combatir el lavado de dinero, y nueve especiales en materia de financiamiento al terrorismo y proliferación de armas de destrucción masiva.

De las que se señalaron parcialmente cumplidas están pendientes la número ocho, en cuanto a las medidas para combatir el lavado de dinero y financiamiento al terrorismo en las organizaciones sin fines de lucro; la número 10 sobre la debida diligencia del cliente y la número 12 sobre reportes de las personas expuestas políticamente a las que están sujetas las entidades financieras.
 
También la recomendación 15 para las nuevas tecnologías; la número 16 para evitar el lavado a través de transferencias electrónicas, y la recomendación 17 sobre la dependencia en terceros, así como la recomendación 18 sobre los controles internos y filiales y subsidiarias.

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Medianamente cumplida se tenía la recomendación sobre guardar la confidencialidad llamada tipping-off, referente a la protección por ley de las instituciones financieras, sus directores, funcionarios y empleados frente a la responsabilidad penal y civil por violación de alguna restricción sobre la revelación de información impuesta mediante contrato o a través de alguna disposición legislativa, normativa o administrativa, si éstos reportan sus sospechas de buena fe a la UIF, aún cuando no conocieren precisamente cuál era la actividad criminal subyacente, e independientemente de si la actividad ilegal realmente ocurrió o no.

De manera adicional la UIF entregará al grupo antilavado un reporte de carácter informativo, donde se señalen los avances significativos que el país ha logrado en relación a los reportes de operaciones sospechosas, la debida diligencia del cliente, la transparencia y beneficiario final de las personas jurídicas entre otras.

jabf/acmr

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