A partir del año 1948, cuando se aprobó la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la tortura fue considerada como ilegal; reforzada por la firma de 156 países que suscribieron la Convención contra la Tortura, propuesta por la ONU, para que los diversos firmantes asumieran el compromiso de que en su territorio se evitará toda forma de crueldad y humillación humana.

Sin embargo en México no se han asumido los compromisos internacionales hechos ante la ONU. Ejemplo de ello es que  aunque el 27 de octubre 2015, la Procuraduría General de la República (PGR) publicó un acuerdo en el Diario Oficial de la Federación a través del cual se crearía la Unidad Especializada en Investigación del Delito de Tortura; en nuestro territorio sigue existiendo este delito que se conoce por ser un secreto a voces.

Desde finales de 2015 la Unidad Especializada en Investigación del Delito de Tortura (UEIDT) es “la encargada de dirigir las atribuciones inherentes a la función ministerial, que se contemplan en los ordenamientos jurídicos sustantivos, adjetivos e internos, relativos a la integración de las Averiguaciones Previas por hechos probablemente constitutivos de delitos de tortura, en apego a los principios de constitucionalidad y legalidad, para lograr una procuración de justicia confiable, expedita, imparcial y transparente.”

Sin embargo, en una búsqueda rápida, no se encontró suficiente información que concluya que se haya castigado dicho delito en nuestro país. Sobre todo cuando, la misma Procuraduría General de la República (PGR), en un boletín oficial declarará que cuenta con aproximadamente cuatro mil 713 expedientes de averiguaciones previas contra servidores públicos por alterar la escena de un crimen o torturar a un detenido. Dicha información fue presentada por el “presidente de la República, Enrique Peña Nieto a preguntas que hicieron los grupos de diversos partidos, en el contexto del IV Informe de Gobierno”. Hasta principios de 2016, no se había liberado la información respecto a cuántos servidores públicos habían sido castigados; hoy en marzo de 2017 seguimos sin tener certidumbre de dicha información.

A la par, organizaciones internacionales como la ONU y Amnistía Internacional se han pronunciado ante la impunidad del delito, invitando a las instituciones mexicanas a visibilizar esta atrocidad, sin embargo parece que siguen haciendo oídos sordos las instituciones mexicanas de procuración y aplicación de la justicia.

Se puede entender a la tortura a partir del artículo 1 de la Convención de las Naciones Unidas contra la Tortura y Otros Tratos Crueles, Inhumanos o Degradantes, como:

Todo acto por el cual se inflija intencionadamente a una persona dolores o sufrimientos graves, ya sean físicos o mentales, con el fin de obtener de ella o de un tercero información o una confesión, de castigarla por un acto que haya cometido, o se sospeche que ha cometido, o de intimidar o coaccionar a esa persona o a otras, o por cualquier razón basada en cualquier tipo de discriminación, cuando dichos dolores o sufrimientos sean infligidos por un funcionario público u otra persona en el ejercicio de funciones públicas, a instigación suya, o con su consentimiento o aquiescencia. No se considerarán torturas los dolores o sufrimientos que sean consecuencia únicamente de sanciones legítimas o que sean inherentes o incidentales a éstas.

Amnistía define que este delito se produce “cuando una persona en posición de autoridad causa fuertes dolores o sufrimiento a otra persona de forma intencionada y con un fin específico, como castigarla, intimidarla, amenazarla u obtener información o confesiones.” La tortura puede llevarse a cabo de forma física (golpes o obligar a las víctimas a asumir una posición que les genere dolor), pero también puede ser sexual, en varios casos, documentados por periodistas se da cuenta que se obtuvieron declaraciones a partir de agredir sexualmente a las víctimas. Además de estos tipos físicos de tortura, podemos hablar de agresiones psicológicas “como la privación del sueño o la humillación pública”.

En mayo de 2014, Amnistía Internacional lanzó una campaña global para pedir la erradicación de la tortura y otros malos tratos. México fue elegido como uno de los cinco países en los que se centraría esta campaña y, después de casi dos años, los principales motivos de preocupación aún perduran: la tortura y los malos tratos son una violación persistente de derechos humanos y los agentes estatales encargados de hacer cumplir la ley y mantener la seguridad los utilizan de forma habitual para extraer “confesiones”, fabricar cargos y causar sufrimiento a ciudadanos y ciudadanas.

Un año después de la publicación del informe de Amnistía Internacional Fuera de control: Tortura y otros malos tratos en México,1 la tortura persiste en el país, y el número de denuncias recibidas por las autoridades federales ha ido en aumento.2 Amnistía Internacional ha descubierto también que los registros oficiales sobre tortura y malos tratos en todo el país son inexactos, contradictorios e incompletos, lo que socava el cumplimiento de la obligación del Estado de prevenir adecuadamente, investigar y castigar la práctica de la tortura y los malos tratos.

La tortura como otros pendientes en materia de seguridad y respeto a los DDHH sigue siendo un tema necesario de visibilizar y pendiente que resolver en México, esperamos que deje de ser un tema tratado en convenciones internacionales, para que pase a ser historia se provea de justicia a los miles de casos documentados por las comisiones de derechos humanos estatales y federal, así como por los periodistas en México. Urgimos JUSTICIA.

Vania Pérez Morales

@vaniadelbien @ObsNalCiudadano

Unidad Especializada en Investigación del Delito de Tortura (UEIDT), en URL=

, revisado el 14 de febrero.

PGR tiene más de cuatro mil expedientes por casos de tortura, El excelsior, en URL=

, revisado el 7 de febrero.

Asociación para la prevención de la tortura (APT), Definición  legal de Tortura, en URL=

Amnistía Internacional, Tortura, en URL=

Ídem.

Amnistía Internacional, Promesas en el papel, impunidad diaria la epidemia de tortura en México continúa, Londres, 2015, p. 5.

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