Adaptaciones sociales derivadas del miedo frente a la crisis de seguridad

El ejercicio de distintos tipos de violencia y la delincuencia han modificado nuestro comportamiento cotidiano sin importar el estrato social al que pertenezcamos, ya sea para evitar ser víctimas o bien para hacer justicia por mano propia.  Lamentablemente, debido al tipo de crisis de seguridad humana y a la impunidad que existe en México, hay una gran cantidad de conductas o acontecimientos que pueden servir como ejemplos de esta situación. Solo hay que considerar las actividades que cada uno de nosotros hemos dejado de realizar por miedo o para no tentar al destino para que nos coloque en el momento y lugar equivocado. Mientras que para el segundo tipo de conducta, hacer justicia por mano propia, valdría recordar hechos similares al caso de Jorge Aduna Villavicencio, el empresario que en lugar de denunciar el robo del cual había sido objeto uno de sus familiares optó por ordenar la privación ilegal de la libertad, el homicidio y el calcinamiento de las seis personas presuntamente responsables del robo en cuestión.

Este fenómeno psicosocial que quizás ha sido percibido como irrelevante por autoridades y diversos actores sociales, refiere no solo nuestra adaptación a la violencia, delincuencia e impunidad crónica; sino cómo esta va determinando las características que desarrollarán los nuevos ejercicios de violencia y actividades delincuenciales. En otras palabras, esto significa que los cambios en nuestro comportamiento cotidiano modifican los patrones delictivos y las acciones estratégicas que llevarán a cabo los sujetos activos (victimarios) para alcanzar los objetivos que persiguen. Un ejemplo de esta relación puede ser apreciada en el artículo titulado Crime Distribution and Victim Behavior during a Crime Wave escrito por Di Tella, Galiani y Schargrodsky (2010) respecto a la correlación existente entre las medidas de adaptación que llevan a cabo las víctimas y la victimización de determinados estratos socioeconómicos a causa de la delincuencia en Argentina durante la década de los noventa. Una de las observaciones de dicha investigación da cuenta de las adecuaciones sobre la dinámica de la victimización en el hogar a raíz de las medidas privadas que implementa la población con mayores recursos económicos.

Desde esta perspectiva, es indudable que estamos haciendo referencia a un aspecto toral que debe ser reconocido si lo que efectivamente se busca es atender la crisis de seguridad desde distintos ámbitos. Por ello resulta fundamental tener un primer acercamiento sobre lo que sabemos al respecto en México, el cual puede comenzar a realizarse a partir de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción de Seguridad Pública (ENVIPE). Este instrumento de medición diseñado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) nos permite conocer cuáles son las principales actividades cotidianas que la población de 18 años o más ha dejado de realizar por temor a ser víctima de algún delito, así como las medidas adoptadas en los hogares considerados en la encuesta según condición de adopción de las mismas para evitar ser víctimas de la delincuencia. Al respecto, algunos de los principales hallazgos en esta materia durante 2014 fueron los siguientes:

• Las cinco principales actividades que dejó de llevar a cabo la población de 18 años o más encuestada durante 2014 en el ámbito nacional fueron: permitir que sus hijos menores de edad salieran (67.9%), usar joyas (64.8%), salir de noche (51%), llevar dinero en efectivo (49.9%) y llevar tarjeta de crédito o débito (39.8%).

Cabe mencionar que si bien estas actividades son las cinco principales en la mayoría de las entidades federativas, existen casos en los cuales algunas de las actividades que se han dejado de realizar es salir a caminar, visitar parientes o amigos, tomar taxi o ir al cine o al teatro. Por ejemplo, algunas de las entidades en las cuales se reportó que una de las principales cinco actividades que se dejó de realizar fue visitar parientes o amigos fueron: Michoacán (39.3%), Tabasco (41.4%), Tamaulipas (60.3%), Zacatecas (46%), entre otros.

• Aproximadamente 42% de los 32 505 399 hogares considerados en la encuesta en el ámbito nacional refirieron que cuentan con alguna medida de seguridad y las tres principales consistieron en cambiar o colocar cerraduras y/o candados, colocar rejas o bardas y cambiar puertas o ventanas.
• Alrededor de 383 245 de los hogares considerados en la ENVIPE optaron por cambiarse de vivienda o lugar de residencia ya sea de manera planificada o abrupta para protegerse de la delincuencia. Cabe destacar que aproximadamente 31% de estos se localizan en la zona centro, la cual está conformada por el Distrito Federal, Guerrero, Hidalgo, Estado de México, Morelos, Puebla y Tlaxcala.

Como se puede apreciar a partir de este primer acercamiento a las medidas de adaptación de las víctimas directas e indirectas, en el caso de México, la crisis de seguridad no solo ha derivado en la generación de nuevos patrones de conducta o en la inversión de recursos económicos para implementar medidas de protección para el hogar sino que ha incentivando diversos procesos de migración. Esto último es de extrema relevancia pues está implicando la vulneración de uno de los principales derechos de las personas respecto a las migraciones: el derecho a no migrar. En este sentido, vale la pena retomar lo expresado por Inés Villa en cuanto a que el derecho a no migrar “se trata de la posibilidad de quedarse en condiciones de seguridad y dignidad en el lugar donde se ha nacido o el que se ha elegido estar y en el que es posible acceder a toda la gama de derechos conquistados”.[1]

Desde esta perspectiva, a partir del reconocimiento de que nuestros derechos humanos no se encuentran garantizados ni protegidos en lo mínimo por nuestras autoridades llevamos a cabo acciones que indirectamente derivan una redefinición de las actividades delincuenciales para ajustarse al nuevo contexto social. Es posible afirmar esto pese a que aún nos hagan falta diversas investigaciones de corte cuantitativo y cualitativo que nos permitan tanto identificar como entender las correlaciones existentes. Considero que este puede resultar un encuadre analítico pertinente frente a aquellas conductas que se han desarrollado con la finalidad de hacer justicia por mano propia, como los linchamientos o lo orquestado por el empresario Jorge Aduna Villavicencio. Esto se debe a que la lectura que pudiera realizarse es que dada la impunidad que ha permitido que una persona sea víctima de la delincuencia, frente a esa situación decide emprender acciones que tienen como objetivo evitar que vuelva a ser víctima de cualquier delito grave aunque estas deriven en el homicidio de cualquier persona. Desde este punto de vista, la vida de alguien pareciera ser un bien intercambiable por la seguridad de otra persona o círculo social.

Lamentablemente, esta es una de las posibles interpretaciones analíticas que evidencian una vez más la crisis de seguridad humana en la que nos encontramos sumergidos y que estamos muy lejos de su solución. Por ello, considero que es primordial no solo entender más nuestro miedo sino reconocer más los derechos humanos que cada uno de nosotros tenemos, para actuar en consecuencia sin llegar a replicar aquellos actos que nos han orillado a generar las medidas necesarias para adaptarnos a la violencia y evitar ser víctimas. Es indudable que cada uno de nosotros jugamos un papel primordial en la problemática que enfrentamos.

[1] Marta Inés Villa. Desplazamiento forzado en Colombia. El miedo: un eje transversal del éxodo y de l lucha por la ciudadanía. Disponible en http://biblioteca.clacso.edu.ar/Colombia/cinep/20100920090346/art02desplazamientoforzadoControversia187.pdf

Doria del Mar Vélez Salas

Directora de Investigación

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