LA HISTORIA NO SE REPITE, PERO RIMA

El Salvador, Argentina, Chile y Perú: Cuatro casos sobre desapariciones forzadas
OTRAS
17/06/2015
00:07
-A +A
Observatorio Nacional Ciudadano
El Observatorio Nacional Ciudadano es una organización de la sociedad civil que vincula a las organizaciones civiles para potenciar su incidencia en las políticas y acciones de las autoridades.
OTRAS

Mark Twain decía que la historia no se repite, pero que rima. Por su parte, Marx decía que la historia se repite, primero como tragedia y después como comedia (o como farsa). Más allá de este aparente alejamiento, en ocasiones la tragedia y la comedia se acercan y sus límites parecen inexistentes, y es que lo burlesco, ridículo o exagerado configura lo grotesco en la historia occidental.

Diversos golpes de la historia nos provocan tanto indignación como risa por lo ridículo de su circunstancia. Eventos que se han repetido una y otra vez en Latinoamérica y que tras de sí, dejan una grieta abierta imposible de reparar. A casi 10 meses de los hechos ocurridos en Ayotzinapa, podemos ir de la mano con Twain, Nietzsche, Bonaparte o Marx, entre otros, a revisar algunos casos sobre desapariciones forzadas que han puesto en entre dicho una y otra vez, la justificación de los Estados.

Desde hace varias décadas, el tema de la desaparición forzada se ha trabajado en el ámbito del derecho internacional, principalmente desde que la ONU creó el Grupo de Trabajo Sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias en 1980. Asimismo, después de las dictaduras de América Latina, surgieron diversas asociaciones locales que atendían esta situación, documentando, demandando y emitido declaraciones contra los Estados que cometen este tipo de violaciones. Gracias a esta labor, es que ahora podemos realizar una revisión histórica que nos da pistas para comprender mejor de qué se trata este trágico/cómico problema que “rima” de tanto en tanto en la historia y que nos ha golpeado duramente.

 

El Salvador.

Durante la década de los 80´s, El Salvador padecía un conflicto armado interno en donde participaba el Ejército, la Guerrilla y algunos grupos armados, financiados y auspiciados por el Estado, cuyas función era la de servir como escuadrones de la muerte.

En mayo de 1982 el ejército aplicó un operativo militar conocido como La huida de mayo, en donde participaban soldados de élite del Batallón Atlacatl, y que consistía en arrasar con las comunidades campesinas y semi urbanas que brindaban apoyo a la Guerrilla, bajo la idea de que así se eliminaba de raíz su apoyo material o económico.

De esta manera, el Ejército sacaba de sus comunidades a las personas, y las fuerzas paramilitares del Estado los masacraban, torturaban y desaparecían. La documentación es escasa, pero se puede consultar en textos de la CIDH y de la Comisión de la Verdad para El Salvador, el caso más emblemático de esta época ocurrió cuando el Ejército secuestró a más de 40 niños. Algunos fueron entregados a orfanatos, o a la Cruz Roja. Uno de esos casos es el de Erlinda y Ernestina Serrano Cruz que fueron secuestradas por el Ejército. La madre y la hermana mayor lograron escapar, y después de varios años de exilio en otros países, en 1993 la madre vuelve a El Salvador y comienza a interponer denuncias en las instituciones locales por la desaparición de sus dos hijas. En 1994 se crea la Asociación ProBusqueda que ante la opacidad de las autoridades, comienza la búsqueda de varios de los niños secuestrados. Efectivamente logra ubicar a varios, sin embargo, las niñas Serrano Cruz no fueron halladas. En 2005 la CIDH acusó a El Salvador de perpetrar esta desaparición forzada y se le instó a dar respuesta sobre el hecho. Esta condena es histórica, ya que se acusa directamente a un Estado por este crimen de lesa humanidad que no prescribe hasta que se encuentra –vivo o muerto- al desaparecido. En 2004, fallece la madre de las niñas Serrano Cruz sin poder localizar a sus hijas, y hasta ahora continúan desaparecidas.

 

Argentina.

La noche de los lápices, fue un caso que por sus características, resultó muy cercano a la experiencia mexicana. La última dictadura cívico-militar argentina dio el golpe de Estado y tomó el poder en 1976. Las principales acciones de represión estaban dirigidas hacia los estudiantes de la Unión de Estudiantes Secundarios, quienes un año antes, habían consolidado un movimiento para reclamar el otorgamiento de un descuento estudiantil en los boletos de autobús. Las autoridades habían otorgado el boleto estudiantil, pero fue cancelado en agosto de 1976 con el objetivo de identificar a los líderes y a potenciales subversivos en cada escuela.

Hubo masivas manifestaciones, integradas principalmente por estudiantes en donde se reclamaban las acciones represivas del gobierno, y la respuesta de las autoridades consistió en una serie de secuestros, asesinatos y desapariciones de estudiantes de secundaria que comenzaron el 16 de septiembre de 1976 y se prolongaron por varios días. Muchas de las víctimas tenían filiación peronista o revolucionaria, otros tantos solamente eran estudiantes de secundaria. Los registros y testimonios de cuatro sobrevivientes dan cuenta de las torturas y asesinatos llevadas a cabo en los centros clandestinos de detención.

Este caso permaneció oculto, hasta que en 1985 se llevaron a cabo los Juicios a las Juntas Militares realizados por la justicia civil, y así se pudo conocer sobre los diversos, secuestros, asesinatos y desapariciones cometidos contra estudiantes cuya edad iba de entre 14 y 17 años, y que hasta ahora continúan desaparecidos.

Éste es un ejemplo emblemático que posterior a lo ocurrido en Ayotzinapa ha creado vínculos entre la gente que conserva la memoria de La noche de los lápices, con algunos familiares de los desaparecidos en México.

 

Chile.

Tras el golpe militar del 11 de septiembre de 1973 se estableció una Dictadura militar encabezada por Augusto Pinochet, misma que dio paso a un recambio en el modelo económico de tipo neoliberal. Muchas organizaciones chilenas han documentado casos de exilio forzado, secuestros extrajudiciales, torturas y desapariciones forzadas. Tal vez el caso más paradigmático es el de Julio Santibáñez Romero, quien era un joven estudiante de la Universidad Técnica del Estado, militante político y dirigente de organizaciones barriales y estudiantiles durante la década de los 80´s, años en que las protestas en contra de la dictadura eran cada vez más masivas y aglutinaban a diversos sectores estudiantiles, políticos, trabajadores e insurgentes.

En 1985, Julio Santibáñez está dedicado a actividades políticas dentro de su barrio y de su Universidad. El 18 de septiembre es una fecha que conmemora la formación de Chile como un Estado nación independiente de la Corona española, durante estos días, la familia de Julio viaja a Valparaiso a vacacionar mientras que él se queda en Santiago para avanzar en su Tesina. Cuando la familia vuelve a casa, no lo encuentran. Lo buscan en comisarías, hospitales y no pueden hallarlo. Días después lo buscan en la morgue y lo encuentran muerto con evidentes huellas de tortura y desmembramientos. La versión de las autoridades dice que el joven había ido a practicar montañismo y cayó de varios metros de altura.

Sin embargo, sus familiares y compañeros de la Universidad insistieron en que Julio fue secuestrado por la policía secreta que era conocida por emplear métodos terroristas para eliminar la sedición o la oposición política, así como medio para reforzar el Estado policial de la dictadura militar. La Central Nacional de Información (CNI) cumplía las funciones de policía secreta durante el régimen de Pinochet, y fue creada inmediatamente después de la disolución de su predecesora, la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), tras las presiones internacionales por el asesinato de Orlando Letelier.

Las investigaciones de familiares y amigos, sugirieron que Julio fue secuestrado por la policía política, fue torturado y posteriormente su cuerpo se intentó dinamitar, pero su cuerpo no se deshizo por completo. En el funeral del joven chileno hubo presencia de carabineros (policía chilena), y esto fue tomado como un claro intento de intimidación, la gente reclamaba por su presencia y los carabineros respondieron abriendo fuego con balas de goma.

Aún el Estado chileno no acepta que esto se trató de un secuestro y asesinato por parte de policías de la CNI, ni acepta que hubo un intento por desaparecer el cuerpo de Julio Santibáñez. Por ello se continúan llevando a cabo acciones simbólicas para que la memoria no se pierda, como el renombramiento de la Plaza Renca con el nombre de Julio Santibáñez.

 

Perú.

En 1982 comenzó en Perú, un conflicto armado que se extendió por lo menos hasta el año 2000. Después de casi una década del comienzo del conflicto armado, en julio de 1990 llega Alberto Fujimori al poder democráticamente, sin embargo, en 1992 perpetra un autogolpe de Estado debido a la difícil relación que tenía con la oposición. Hecho esto, disuelve el Congreso e impone un régimen autoritario cuyos objetivos consistían en conservar el poder y acabar con la subversión.

El terrorismo de Estado fue el método para disolver a la oposición, grupos disidentes (políticos, militantes, dirigentes de organizaciones obreras, campesinas o estudiantiles) e insurgentes (grupos guerrilleros como Partido Comunista del Perú - Sendero Luminoso y el Movimiento Revolucionario Túpac Amaru), así como cualquier manifestación subversiva (prensa).

En este contexto, para no involucrar al Ejército en las acciones terroristas, se crea el Grupo Colina, grupo formado por soldados de élite del Ejército con autonomía para llevar a cabo operaciones contra disidentes, y que entre sus acciones, según la Comisión de la Verdad y de la Reconciliación de Perú, estuvieron: La masacre de Barrios Altos; La desaparición de campesinos de Santa en Chimbote; La masacre de La Cantuta; El asesinato de Pedro Huilca; El asesinato de Mariella Barreto; El asesinato de Pedro Yauri. Entre otros.

En la década de los 90´s, Lima estaba cercada por Sendero Luminoso, que habían expuesto que la única vía para agudizar el conflicto era a través de las acciones terroristas. En 1992 colocan dos coches bomba con 250 kilogramos de explosivos cada uno, en la calle de Tarata ubicada en el barrio de Miraflores en Lima. Zona en la que se concentra buena parte de la actividad económica de la región. El resultado fueron 25 personas muertas y más de 200 heridas. Este primer atentado terrorista fue el principio de una serie de ataques contra el Estado que duraron poco más de una semana y que en total, ocasionaron la muerte de 40 personas.

El gobierno de Fujimori reaccionó, y por todos los medios legales o no, se lanzó contra los grupos terroristas, así como contra cualquier manifestación subversiva. Uno de los casos de desaparición forzada derivado de este intento por acabar con Sendero Luminoso, fue el de la Masacre de la Cantuta, ocurrido el 18 de julio de 1992, cuando nueve estudiantes y un profesor de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, identificados como autores en la explosión de Tarata, fueron secuestrados por el Grupo Colina y llevados a las afueras de la ciudad en donde los asesinan, queman sus cuerpos y los entierran en una fosa clandestina.

Este crimen salió a la luz en abril de 1993 cuando se liberaron documentos militares clasificados en donde se detallaban las operaciones en La Cantuta. Las autoridades argumentaban que los estudiantes se habían unido a las filas de la guerrilla y que por eso no se les encontraba, sin embargo, gracias a las investigaciones del Congreso derivadas de aquellos documentos militares, se descubrió que el Grupo Colina exhumó, trituró, incineró y volvió a enterrar los cuerpos en otra fosa clandestina ubicada en un basurero. En junio de 1993, un pepenador se topa con un cráneo y entrega información sobre el lugar del descubrimiento al congresista Roger Cáceres Velásquez y al periodista Comas Juan Jara Berrospi, quienes a su vez compartieron la información con la Revista Sí.

Las investigaciones derivadas de la nueva información llevaron al descubrimiento de cuatro fosas clandestinas en donde se hallaron los restos de varios cuerpos de los estudiantes. En 1994 se sentencia a diez autores de la matanza de La Cantuta con penas que iba de 1 a 2 años de prisión con el argumento de que era un grupo que actuaba sin consentimiento del Ejército. Sin embargo, tras la reelección de Fujimori en 1995, el Congreso aprueba la Ley de Amnistía que ordenaba la liberación de todos los oficiales, soldados y civiles presos o acusados por crímenes durante la lucha antiterrorista. En julio de 1995 se ordena la liberación de todos los involucrados en la matanza de La Cantuta.

En el año 2000 termina el gobierno de Fujimori, se deroga la Ley de Amnistía, y un año después la Fiscalía de la Nación presenta cargos en contra del ex Presidente Alberto Fujimori, acusándolo de ser coautor intelectual en la creación del Grupo Colina, así como de las masacres y acciones contrasubversivas de este grupo. En el año 2000 Fujimori sale exiliado a Japón y en 2007 se logra su extradición. En abril de 2009 es condenado a 25 años de prisión por su autoría, responsabilidad y participación en diversos asesinatos, secuestros, lesiones, desapariciones, matanzas, peculado, apropiación de fondos públicos y falsedad ideológica en agravio del Estado.

 

La historia no se repite, pero cómo rima.

Si la política consiste en utilizar y abusar de las personas y de las cosas, o si el despotismo es inevitable, sólo nos queda la resignación. ¿Podrá el poder aceptar limitarse o siempre es una fatalidad igual a sí misma? Entonces tendríamos que intentar dar razón del enigma de la obediencia o de las comedias y tragedias que se representan en escena una y otra vez en el ridículo teatro de la historia.

Las desapariciones forzadas en América Latina se han aplicado recurrentemente por gobiernos tanto “democráticos” como autoritarios. La historia no se repite, pero rima, y allí en la rima es en donde encontramos la aplicación sistemática de lo que Agamben nombra como Estado de Excepción, un ámbito en donde las leyes no valen, los grandes principios que dieron nacimiento a los Estados-nación son inutilizados, donde no hay normas fijas ni principios que apliquen para todos. Por el contrario, lo que se impone es la operatividad de la gestión, la resolución de problemas de la manera que sea posible, y la policía o el ejército toman el papel central porque están preparados para actuar en casos de excepción.

Y allí en la rima es en donde podemos encontrar las claves para romper la tragedia, ya que como decía Bonaparte, quien no conoce la historia, está condenado a repetirla.

________________________________________

Christian Eduardo Díaz Sosa

Investigador del Observatorio Nacional Ciudadano

Twitter: @ChristianDazSos @ObsNalCiudadano

 

Comentarios

MÁS EN BLOGS

NOTICIAS DEL DÍA

Publicidad

¿México en paz?

You are here