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Desafíos del Poder Judicial frente a la cuarta transformación

25/10/2018
02:12
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Los resultados electorales del primero de julio han abierto grandes expectativas para modificar los mecanismos de funcionamiento de un sistema político orientado a favorecer los privilegios de los poderosos y la exclusión de las mayorías. La copiosa votación que obtuvo el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, es una señal inequívoca de los anhelos de cambio de rumbo y las esperanzas de mejores niveles de vida para una porción muy significativa de quienes concurrieron a las urnas.

Los retos son titánicos, puesto que estamos frente a un conjunto de inercias que se han incubado y reproducido en los intrincados circuitos de la corrupción e impunidad. Evidentemente, se trata de fenómenos estructurales y sistémicos que requieren ser extirpados con un conjunto de políticas públicas que ataquen desde su génesis a este océano de injusticias y arbitrariedades.

Seguramente, uno de los temas más sensibles del mapa de las asignaturas pendientes de nuestro país lo es el de la impartición de justicia. México ha padecido una prolongada y expansiva crisis de credibilidad de las instituciones del Estado, de manera notable en el Poder Judicial, en el que las prácticas de corrupción, amiguismo e influyentísimo se han convertido en signos distintivos. Es necesario decir basta y revertir estas prácticas deleznables que se realizan desde el poder con cinismo y prepotencia en contra de los segmentos mayoritarios.

Evidentemente, para dinamitar los nudos y nichos de la corrupción se requiere, en primer lugar, de voluntad política desde las altas esferas del poder. Ahora, esa ya existirá como lo ha expresado reiteradamente el Licenciado Andrés Manuel López Obrador. El próximo titular del Ejecutivo ha anunciado que no se tolerará ninguna actividad que violente la transparencia en el uso de los recursos públicos y, por lo tanto, su prioridad será la utilización eficaz de estos a favor del combate a la pobreza y a las inequidades sociales.

Las asignaturas pendientes en el Poder Judicial deben ser producto de un amplio consenso y abarcar a diversos sectores. El punto de partida imprescindible es poner un dique infranqueable a la impunidad, la negligencia y la corrupción. De manera resumida, pero ilustrativa, Miguel Carbonell precisa que “Las líneas maestras de las reformas al Poder Judicial, dentro del marco general de la reforma del Estado, se pueden sintetizar en (…) cinco puntos: a) mejoras en la administración de justicia; b) fortalecimiento de la independencia judicial; c) desarrollo de mecanismos alternativos de resolución de controversias; d) mejora de la educación legal de los jueces, abogados y del público en general; y e) creación de nuevos canales para que vastos sectores de la población, ahora excluidos, tengan acceso a la justicia”.

Otra referencia que debemos tomar en cuenta para realizar una intervención cuidadosa, pero enérgica, son las veintiséis recomendaciones que formula el organismo Transparencia internacional en su “Informe Global de la Corrupción 2007” donde se realiza un análisis de los fenómenos que afectan a los procesos judiciales, en donde se analizan dos temas centrales: la interferencia política que presiona a los jueces para que resuelvan en determinado sentido y la corrupción administrativa que involucra al personal de los sistemas judiciales. Por ello, la transparencia debe convertiste en un mensaje inequívoco de que las cosas van a cambiar para bien.

Un ejemplo especifico que, ilustra de manera plástica y aleccionadora el camino que se está abriendo desde la sociedad civil, los ámbitos académicos y especializados, lo muestra el documento signado por 156 organizaciones y personas, fechado el pasado 25 de septiembre en torno a los requisitos que se deben exigir para contar con una o un nuevo ministro ante la salida del ministro José Ramón Cossío Díaz. Es de destacar las características del perfil que recomienda dicho texto, las cuales son:

Garantizar su independencia, autonomía e imparcialidad dentro de este órgano, precisamente por su función de control constitucional.

Tener una reconocida honorabilidad e integridad.

Contar con experiencia probada en la materia.

Haber demostrado compromiso con los derechos humanos, con una interpretación garantista y progresiva de los mismos y con valores democráticos.

Comprobar capacidad para trabajar en un cuerpo colegiado.

Todas ellas son imprescindibles e infaltables para dotar a la SCJN de vientos oxigenantes acordes con los reclamos populares tendientes a desactivar los viejos vicios que han distorsionado el carácter transparente y confiable de quien tiene como función primordial velar por el cumplimiento y la protección de los desvalidos.

En síntesis, nuestra vocación reformadora parte de que en el nuevo horizonte que abre la transición hacia una nueva administración pública que pugna por terminar con privilegios y componendas, llamamos a evitar la confrontación, el desencuentro y el espectáculo mediático. Los retos son enormes y seguramente inéditos. Ha llegado la hora de colocar los intereses nacionales y colectivos por encima de los pequeños privilegios de minorías insaciables que han monopolizado el poder atropellando los anhelos de justicia de millones de mexicanos. En eso estamos empeñados y lo haremos con patriotismo y altura de miras.

Dra. Yasmín Esquivel Mossa.
Magistrada Presidente del Tribunal de Justicia Adminsitrativa de la Ciudad de México
Yasmín Esquivel Mossa
Magistrada presidente del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México