Errónea interpretación de la Doctrina Estrada

Walter Astié-Burgos

Muchos que justificadamente critican a las dictaduras de derecha, no hacen lo propio respecto a las de izquierda que oprimen a Cuba, Venezuela o Nicaragua, tergiversando para ello el significado de la Doctrina Estrada. Ciertamente se fundamenta en los valiosos principios de no intervención y libre autodeterminación, pero fue diseñada para un aspecto especifico del Derecho de Legación de los países, y no así para coartar el legítimo derecho soberano de opinar sobre la conducta antidemocrática y violatoria de los derechos humanos de regímenes autoritarios. Su esclarecedor origen fue el siguiente.

Como América Latina padeció inestabilidad a partir de su independencia, las grandes potencias sacaron provecho de ello intercambiando su reconocimiento a gobiernos surgidos de guerras civiles, por privilegios. El fenómeno se acentuó a raíz de la Revolución de 1910, pues como varios gobernantes surgieron de la lucha armada, Washington los consideró ilegítimos por no provenir de elecciones democráticas. Sin embargo, con gran pragmatismo se flexibilizó a cambio de concesiones, como la de no aplicar retroactivamente la Constitución de 1917, especialmente en lo tocante al petróleo. No solo padecieron ese chantaje Carranza, Obregón y muchos líderes latinoamericanos, sino también dictadores como Díaz y Huerta a los que se les impusieron condiciones para ser reconocidos.

Frente a esa nociva práctica, en septiembre de 1930 el Secretario de Relaciones Exteriores, Genaro Estrada, enunció la famosa doctrina que lleva su nombre. Su objetivo primordial fue, por una parte, hacer una declaración de principios que sirviera como contrapeso y rechazo a la tendencia de calificar la legitimidad de gobiernos llegados al poder por medios no constitucionales. Por la otra, evitar que el reconocimiento se hiciera depender del otorgamiento de concesiones. También reafirmó el derecho de legación de los países; es decir… la autonomía soberana para enviar y recibir agentes diplomáticos. Obviamente la doctrina se refirió a la posición de México –que no se arroga la facultad de juzgar la legitimidad de un gobierno de facto, sino que frente a un cambio abrupto se limita a mantener o retirar a sus diplomáticos– , pero por su valor anti-intervencionista fue acogida en América Latina como la “Doctrina México”, que fue una importante contribución mexicana al Derecho Internacional.

En suma, este precepto solo se refiere al reconocimiento de gobiernos no emanados de un proceso constitucional, pero como lo destacó el maestro Cesar Sepúlveda, ha sido interpretado de distintas maneras, tanto porque así ha convenido a quien lo emplea, como porque no se conoce bien su propósito y utilidad. Por ejemplo, el gobierno de Fox lo consideró anacrónico, pero se percató de su valor cuando lo aplicó en 2002 y evitó otro desatino: no reconoció al gobierno que derrocó a un Hugo Chávez que más tarde recuperó el poder. Asimismo, el nicaragüense Carlos Tünnermann que se opone al eternizado ex revolucionario Daniel Ortega transformado en sanguinario dictador, declaró a EL UNIVERSAL que la doctrina ya es obsoleta en el siglo XXI. La realidad es que no es aplicable a la crisis de Nicaragua porque no hay un cambio irregular de gobierno. No obstante, el principio general de no intervención no debe maniatarnos ni paralizarnos, pues como destaqué en un artículo anterior (http://www.com.mx/articulo/walter-astie-burgos/nuestro-venerable-princip...) debe interpretarse de forma amplia, realista e inteligente. Así como Lázaro Cárdenas no fue indiferente a la tragedia del pueblo español, nuestro próximo gobierno -que enarbola valores y principios humanistas- no debe serlo frente a la opresión de los pueblos venezolano y nicaragüense.

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