Extracción minera en México: ¿continuidad o cambio en el Proyecto de Nación 2018-2024?

Durante los últimos cuatro sexenios, la extracción minera ha sido sumamente intensa. Sin precedente alguno, en estos 24 años se ha extraído casi siete veces más oro y el doble de plata (INEGI, 2010; Gobierno de la República, 2018) de lo que se extrajo durante los 300 años que duró la Colonia. Tampoco tiene comparación con el porfiriaro. En este lapso la extracción de plata fue de 48 millones de kg (INEGI, 2010), y desde 1992 hasta el final de este sexenio se ha extraído 81 millones de kg (Presidencia de la República, 2018).

Una de las preguntas es por qué y para qué esta extracción. Parte de la respuesta la encontramos en las exportaciones minerometalúrgicas, cuyo crecimiento en estas dos últimas décadas y media, ha sido de 924 por ciento (Presidencia de la República, 2018). De manera particular, a Estados Unidos se ha dirigido el 80 por ciento de las exportaciones de oro y el 70 por ciento de la plata; y a China se ha dirigido más de la mitad de las exportaciones totales de cobre (SE, 2013). Es decir, México teniendo una participación importante a nivel mundial (es el primer productor de plata en el mundo, séptimo de cobre y octavo de oro), abastece parte de la demanda de estos mercados, demanda que se incrementó a partir de la revolución tecnológica del microprocesador.

Pero, qué se está planeando en términos de extracción minera para el nuevo gobierno. ¿Habrá continuidad o cambio? En el Proyecto de Nación 2018-2024 (PN 18-24), encabezado por el presiente electo Andrés Manuel López Obrador (AMLO), hay elementos para resaltar, que indican que el camino podría ser distinto. Además de expresar que la inversión extranjera se ha impuesto violentamente a fin de obtener los minerales, fundamentalmente para la exportación, trastocando y agrediendo los territorios, en el Proyecto se indica que se requiere “impulsar, desde abajo, la reforma a la Ley Minera”, ya que no considera “la necesidad de un estudio de impacto social y ambiental y tampoco la consulta a los pueblos indígenas” (MORENA, 2017: 291). Aunado a esto, se propone “prohibir la explotación de minerales en áreas naturales protegidas” (MORENA, 2017: 296). Al respecto, en México se han entregado 2 031 concesiones que abarcan más de 6 millones de hectáreas dentro y parcialmente en las Áreas Naturas Protegidas (SE, 2013).

Como parte de las condiciones laborales de los trabajadores mineros, uno de los grupos de trabajadores más vulnerables señala el Proyecto, se indica que se requiere exigir “a los inversionistas internacionales condiciones laborales y ambientales semejantes a las que se cumplen en sus países de origen” (MORENA, 2017: 413). Asimismo, el Proyecto apunta algunos de los errores graves en términos de recaudación, entre ellos, el pago por superficie y no por cantidad y tipo de mineral extraído; así como el hecho de que un tercio de compañías no pagan impuestos “debido a que ni el SAT ni la Secretaría de Economía se ocupan de realizar los cobros correspondientes” (MORENA, 2017: 291), lo cual es de gran pertinencia ante los estudios de la Auditoria Superior de la Federación que evidencian la “deficiencia” en recaudación del pago de derechos mineros (ASF, 2017).

Así, estos elementos contenidos en el PN 18-24, junto a la nueva relación entre el Estado y la sociedad que se propone el nuevo gobierno, así como plantear el “desarrollo minero” como uno de los 25 proyectos prioritarios anunciados por el presidente electo AMLO, podrían cambiar el rumbo de la extracción minera. No obstante, este desarrollo minero, debe de tener como punto de partida la propuesta de la manifestación de impacto social y ambiental, así como de la consulta a las comunidades tanto indígenas como no indígenas, consulta que debe ser “previa, libre, informada, de buena fe y culturalmente adecuada” (CNDH, 2016), lo cual esperamos por el bien de las comunidades que han sido afectadas, y por toda la nación.