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22/02/2019
01:51
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Ayer se cerró con buen sabor de boca la votación en el Senado de la República. Con votación unánime se aprobaron las reformas constitucionales que dan lugar al nacimiento de una Guardia Nacional como un cuerpo de seguridad plenamente civil, con contrapesos, y que se apegue a los principios vigentes en la Constitución y a los tratados internacionales de derechos humanos. Ayer fue un día histórico por varias razones: Hubo diálogo y luego: hubo consenso. Se mostró visión de Estado y se mostró cierta madurez política por partes de todas las bancadas de los partidos. Pero no hay que echar campanas al vuelo. El Senado es cámara revisora y ahora veremos si, en la Cámara Baja, Morena no saca a relucir de nueva cuenta su aplanadora fulminante.

No todo es miel sobre hojuelas, la reforma al artículo 19 constitucional que pone en acción la prisión preventiva oficiosa entra en choque frontal con el espíritu de la reforma de 2008 y  la filosofía del denominado “nuevo sistema penal acusatorio”. Los jueces de control serán, utilizando las palabras del entonces presidente electo “un florero”. Tampoco el contenido del ya famoso artículo 5º transitorio de la reforma para la Guardia Nacional termina de convencer: durante los cinco años siguientes a la entrada en vigor del presente decreto, en tanto la Guardia Nacional desarrolla su estructura, capacidades e implantación territorial, el presidente la República podrá disponer de la fuerza armada permanente en tareas de seguridad pública de manera extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria.

Al final de toda la discusión y la agitación, en el remanso de la reflexión en retrospectiva; y a pesar de todos los defectos que tenía, me sigue pareciendo que era mejor alternativa contar con una “Ley de Seguridad Interior”.  Sí, “seguridad interior” fueron el sustantivo y el adjetivo proscritos del discurso, de las discusión. El concepto de seguridad interior fue el paria, el hijo bastardo no reconocido que, por el contenido de esa ley se relacionó de forma automática con militarización. Un error de la dialéctica y la dialógica implantada por todos los actores. “Seguridad Interior”, es un término que debe volverse a poner ante la mesa. Además de ser un fenómeno existente y un requerimiento para la estabilidad del estado, es una obligación del Ejecutivo Federal. Sí, la tarea no ha terminado. Viene el diseño y redacción, y luego discusión de la Ley Nacional del Uso de la Fuerza y de la Ley Nacional del Registro de Detenciones. Falta desarrollar sensibilidad y entendimiento de que la materia se distribuye por competencias, no por jurisdicciones. Seguridad Pública, Seguridad Nacional y Seguridad Nacional son conceptos distintos pero complementarios.

La verdadera Política de Estado debe enfocar las baterías en las policía locales y municipales. ¡No debe, no puede renunciar a ello! ¡Hay que persistir en el bien! La base de la vida política del Estado Mexicano no está contenida en el artículo 49 constitucional sino en el 115. No es posible que la ficción nos revele una vez más la realidad; no es posible que Ciudad Gótica sea el ejemplo de comunidad que lucha por sí misma mientras la realidad mexicana cada vez recarga la su fe en su destino en un poder central que lleva más de setenta días de embates autocráticos.

Otro asunto inquietante es el nuevo perfil y cariz que va adquiriendo el Ejército Mexicano. Hoy vivimos tiempos de redefiniciones de éste perfil militar, al calor de los proyectos del Presidente López Obrador: asignación de obra pública; gestión aeroportuaria y de desarrollos inmobiliarios; gestión logística con relación a la distribución de hidrocarburos y del diseño y puesta en marcha de la por él denominada Guardia Nacional. Pareciera que la Presidencia de la República se quiere aprovechar y servir de los réditos que esta benemérita institución ha cosechado —fruto del orden y la disciplina que siempre ha mantenido durante los años transcurridos—. La verdadera autoridad moral, cristalizada en la lealtad institucional de la Fuerzas Armadas, esa es la que quiere y necesita para su proyecto el Presidente.

Y ante estas nuevas misiones que han sido asignadas, que habitualmente eran desempeñadas por instituciones y agentes civiles, utilizar la palabra “militarización” resulta incómodo e injusto; peyorativo.

Sobretodo para los mismos militares. “Militarizar” se identifica con regímenes concretos en un periodo de la historia, en su mayoría fallidos. Militarizar suena antidemocrático, autocrático y autoritario y por tanto inconstitucional, anticonstitucional, pues éste término hace alusión a la idea de dar carácter militar a un organismo o actividad civil que no lo es. Y es verdad que el contar con un cuerpo de seguridad con un estado de fuerza suficiente y con capacidades similares a las del ejército no necesariamente es “militarizar”. Lo único que espero es que el rehén secuestrado en pro de la empresa, al final resulte ileso, pues es el Ejército Mexicano uno de los últimos reductos de honor, lealtad, compromiso, servicio y amor a la Patria que nos queda como nación; de ahí la importancia que mantenga sin mancillar el perfil que conforme a su misión la Constitución le da.

Así pues, no queda de otra más que todos los actores: Gobierno; Partidos; Legisladores, Jueces, Sociedad Civil —que sí existe—, y público en general, recuperemos la cordura y como dijo ayer el senador Ricardo Monreal, apelemos todos a la prudencia. Y prudente siempre es “persistir en el bien”.

*Profesor-investigador de la Facultad de Derecho de la Universidad Panamericana, Abogado, experto en Seguridad Nacional.
Investigador en Seguridad Nacional. Universidad Panamericana.