A las mujeres de Atenco, justicia internacional

Renata Demichelis Ávila y Denise González Núñez

Las acciones realizadas por el Estado en materia de derechos humanos han sido insuficientes y no han logrado su propósito

“En algún momento sentí que mi vida estaba destrozada”, manifestó Barbara Italia Méndez el día de ayer ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, con sede en Costa Rica, para describir los efectos de la tortura sexual que sufrió en el marco de un operativo policiaco realizado los días 3 y 4 de mayo de 2006 en San Salvador Atenco y Texcoco.

Desde entonces, ella —junto con 10 mujeres más— ha denunciado una serie de violaciones a derechos humanos. La principal de ellas es la violencia de género que experimentaron a manos de policías, luego de ser detenidas ilegal y arbitrariamente. Al respecto, cabe recordar lo dicho por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en octubre de 2015 como parte del trámite del caso ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. La Comisión, basada en Washington D.C., señaló en su informe sobre el caso que estaba acreditada “la existencia de graves actos de violencia física y psicológica, incluyendo diversas formas de violencia sexual” (párr. 365).

Sin embargo, como sucede con excesiva frecuencia en nuestro país, los hechos denunciados por las mujeres permanecen prácticamente impunes desde 2006. Las investigaciones no son claras, están incompletas, las responsabilidades no han sido suficientemente esclarecidas y no se ha castigado a los culpables. Además, pese a la implementación de todo un catálogo de medidas para la prevención y la erradicación de la tortura y la violencia sexual, y la protección de las mujeres, las acciones realizadas por el Estado mexicano han sido insuficientes y no han logrado su propósito.

Por lo tanto, 11 años después, las mujeres se encuentran en audiencia pública ante los Jueces y la Jueza de la Corte Interamericana rindiendo sus testimonios, esperando encontrar lo que no han encontrado dentro de México: justicia y reparación. La Corte habrá de determinar las responsabilidades internacionales en las que ha incurrido el Estado mexicano en el caso de las mujeres de Atenco. Además, de ser así, ordenará al Estado implementar una serie de medidas de reparación que sean significativas para las mujeres.

Algunas de las medidas que podrían ser ordenadas a México, con el objetivo de lograr una reparación transformadora que prevenga nuevos casos de tortura sexual por parte de la policía, son: fortalecer la cadena de investigación con perspectiva de género; exigir la aplicación obligatoria y eficaz del Protocolo de investigación ministerial, pericial y policial con perspectiva de género para violencia sexual; fortalecer el Mecanismo de Seguimiento de Casos de Tortura Sexual, mediante una puntual asignación del presupuesto necesario, así como la fiscalización de dichos recursos; realizar investigaciones serias, completas e imparciales, así como juzgar y sancionar a los responsables (y no sólo a quienes directamente cometieron las violaciones, sino también a los autores intelectuales o a quienes han entorpecido la investigación, por ejemplo). Sobre esto último, a nuestro juicio la investigación y sanción son la piedra angular de las garantías de no repetición.

Ante el clima de violencia contra la mujer e impunidad que impera hoy en nuestro país —y del cual los hechos ocurridos en Atenco son un botón de muestra—, es imprescindible continuar rompiendo el silencio contra la violencia, contra el machismo y contra los estereotipos de género; es necesario acabar con el ciclo de impunidad que perpetúa la desigualdad y con la tortura sexual contra las mujeres. El papel de la academia y de la sociedad civil para exigir que casos como el de las mujeres de Atenco no se repitan es muy importante, además de la voluntad política y la efectividad judicial para eliminar este problema. Ante todo, confiamos en que la Corte Interamericana exija al Estado cumplir con sus obligaciones.

Renata Demichelis Ávila es fundadora
de Concordia Consultoría en Derechos
Humanos. Denise González Núñez es
coordinadora del Programa de Derechos
Humanos de la Universidad
Iberoamericana Ciudad de México

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