Bosques, zona de riesgo para inspectores

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Al primer paso que dieron en ese paraje caluroso y húmedo, augurio de Tierra Caliente, un poblador dio el pitazo y empezaron a llegar comuneros del pueblo de San Mateo Almomoloa.

Los siete inspectores de la Profepa y de Probosque que habían acudido el pasado 6 de mayo a la sierra de Temascaltepec, Estado de México, para atender un caso de tala clandestina, se vieron rodeados por una cuarentena de pobladores.

“Si no nos van a dejar hacer nuestro trabajo, déjenos ir”, decían los agentes, pero las piedras comenzaron a lloverles. Algunas impactaron en las dos camionetas en las que arribaron, una Nissan y otra Tacoma; las demás se estrellaron en sus cabezas. Para no ser linchados —cuenta la delegada del Valle de Toluca, Ana Margarita Romo— huyeron por la geografía escarpada de los bosques, donde no hay señal en los celulares y la única ayuda son los GPS.

“Ya ni siquiera la policía y las fuerzas de seguridad estatales son suficientes, tienen que entrar con nosotros la Marina y el Ejército”, dice la funcionaria entrevistada vía telefónica.

Gracias a su pericia para entrar y salir de los bosques —les llaman “los que andan en los montes”—, los siete inspectores lograron escapar de ese conflictivo paraje del Estado de México, entidad que figura entre las 108 zonas forestales que el gobierno federal declaró como “críticas” hace tres años, y donde los agentes se encuentran con talamontes armados, comuneros o crimen organizado.

Entre 2007 y abril de este año, 73 inspectores fueron violentados —algunos sufrieron hasta tres agresiones, de las 100 registradas— por atender delitos ambientales, como consta en el oficio PFPA/5.3/12C.6/05639, obtenido vía la Ley de Transparencia. Hay asesinatos, secuestros, privaciones ilegales de la libertad y retenciones en todo el país, la mayor parte por tala ilegal. Aunque el informe no lo consigna, hubo homicidios de policías que los acompañaban, como el linchamiento de dos agentes en Atlautla, en 2014, también municipio mexiquense.

“Mandar a los inspectores ahí [las zonas críticas] es mandarlos a una masacre”, confiesa un ex funcionario ambiental, quien además explica que los operativos jamás se hacen en el núcleo de los bosques, sino alrededor. “Son conocidas como zonas de ingobernabilidad, donde ni la Marina ni el Ejército entran”, contradice así lo dicho por la delegada.

En uno de esos parajes, los agentes Juan Gavia y Bernardo Sánchez recibieron en 2012 una denuncia por uso de suelo y presuntamente hallaron un laboratorio de drogas sintéticas. “¡Ya sáquenme!”, fue el grito constante que un campesino escuchó mientras trabajaba esa tarde con Tornillo, un burro que le ayuda a cargar leños, en aquella zona controlada por La Familia Michoacana. Al darse el operativo de rescate ya sólo encontraron los cuerpos torturados en una zanja de las Albarradas, al sur del Edomex.

Sin protección

Andar en los montes es un ejercicio de supervivencia para los inspectores. Además de habilidades de orientación en los caminos boscosos, también necesitan resistencia para subir las pendientes con botas industriales en climas húmedos y calurosos. Suelen ser de complexión delgada, aunque con un poco de barriga porque no reciben ningún acondicionamiento físico.

Pero no sólo se trata de cualidades físicas. El subdelegado mexiquense Israel Luna añade que también hay que negociar con los agresores en momentos de tensión para salir a salvo: “Ahí sí tenemos que hacer uso de la maña (...) Es angustioso estar en medio de la gente (...), en otros lugares ya ha pasado que la gente se alebresta tanto que incluso hay pérdidas humanas”.

Los agentes acuden al terreno con su uniforme distintivo —chaleco y sombrero cafés, y pantalón de mezclilla azul—, pero van sin equipo protector como cascos. Y pese a que los talamontes están armados, sólo les proporcionan chaleco antibalas en los operativos, no en inspecciones o prospecciones (vigilancia encubierta), donde ocurre el grueso de las agresiones por aprovechamiento forestal.

Hay un sonido que no les gusta a los inspectores cuando entran a zonas con aserraderos irregulares. Es un eco agudo que se eleva hacia el cielo y después explota. Es un cohete, la señal de alerta para los criminales de la madera.

Focos rojos

Veracruz es el estado en el que se han realizado los operativos más grandes contra tala clandestina, y donde los agentes han sufrido más agresiones. Según el oficio, hay 24 casos, entre plagios, retención o privación ilegal de la libertad.

El 16 de octubre de 2013, decenas de inspectores llegaron a la maderería Palo Verde, entre los bosques de pino y oyamel en el Pico de Orizaba, donde mil 500 comuneros los rodearon, después raptaron a siete de ellos y los llevaron a la comunidad El Xúchil. A cambio de su libertad pidieron de vuelta lo incautado (dos torres de aserrío y un vehículo). Ese mismo día, en Coscomatepec, 30 inspectores eran escoltados por militares ante una turba de 300 personas. En marzo de 2011 y en octubre de 2009, comuneros asediaron a agentes durante horas hasta que devolvieron sus torres.

Ambos casos fueron en Orizaba, otra de las 108 zonas críticas donde el crimen controla los recursos maderables, reconoció el año pasado Ignacio Millán, director de Inspección y Vigilancia Forestal. El 6 de junio de este año se reportó en la prensa veracruzana la desaparición del delegado en Catemaco, Miguel Ángel Puga, cuya camioneta se halló calcinada. Extraoficialmente se supo que ya había recibido amenazas de talamontes. Hasta el cierre de edición, la Profepa no atendió la solicitud de entrevista.

Otras zonas rojas son el Parque Nacional La Malinche, entre Puebla y Tlaxcala (en febrero de este año la Policía Federal persiguió a los talamontes hasta volcar su unidad); las cuencas forestales de Valle de Bravo, Edomex (cerca de donde ocurrieron los homicidios de Temascaltepec), y Chihuahua, donde cruza el triángulo dorado, que registró el secuestro de uno.

Entre los puntos contemplados en el documento de las 108 zonas críticas incluidas hasta 2012, aparecen Veracruz, con nueve; le siguen Jalisco, con siete; Edomex, Puebla, Querétaro y Chiapas (cuatro secuestros en San Cristóbal de las Casas), con seis; y Baja California Sur, Campeche, Guerrero, Zona Metropolitana de la Ciudad de México y San Luis Potosí (privados de la libertad), con cinco.

En Guerrero, la mayor parte es por tala clandestina, cuatro fueron por autoría del crimen organizado y dos más por elementos de la policía comunitaria; el resto fueron ejidatarios locales, trabajadores y pobladores.

Según el oficio, sólo hubo agresiones en Chiapas, Chihuahua, Guerrero, Edomex, Morelos, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, San Luis Potosí, Tabasco, Tamaulipas y Veracruz. La gran incógnita es Michoacán: no figura, aunque el otrora comisionado Alfredo Castillo señaló el año pasado que cárteles como Los Caballeros Templarios se financian con la venta ilícita de madera.

El entonces delegado de esa entidad, Alfredo Ledesma, alertó en 2010 que su personal forestal estaba amenazado por grupos armados, luego de que interpusiera 60 denuncias ante la PGR. La Procuraduría no las desglosó en la solicitud de información SJAI /DGAJ/05317/2015.

“Somos jefes de familia”

“El riesgo se triplica en las inspecciones de recursos naturales”, enfatiza el ex funcionario ambiental consultado, mientras que la delegada mexiquense, Ana Margarita Romo, acepta que las agresiones se dan en zonas ricas en naturaleza. En Oaxaca, 12 inspectores fueron privados de la libertad, y uno más, Abelardo Ramírez Cruz, fue asesinado en 2007 mientras vigilaba tortugas golfinas en Playa Escobilla.

Pese a lo anterior, las condiciones de trabajo son deplorables, según trabajadores que pidieron anonimato. Coinciden en que además de escaseo de personal, el sueldo es bajo: poco más de 7 mil pesos al mes (excepto la gente de base); no tienen horario y laboran los fines de semana por ser días de mayor actividad ilícita, así como una normatividad “dura” en los viáticos.

“Aún tenemos que trabajar bajo el esquema de comprobación con factura. Entonces, si nos mandan a partirnos la madre a la sierra de Durango una semana, ¿dónde fregados vamos a encontrar una? Sólo hay un pequeño margen de gastos sin comprobar (…) A veces es de irte por tus propios medios, nos dan camioneta sin gasolina, a eso agrégale si tenemos un préstamo de casa… ¡ya nos jodimos!, y somos jefes de familia la mayoría, con hijos”, comentan.

A la par de sus problemas laborales, su integridad está en riesgo. Trabajadores acusan que la Unidad de Inteligencia creada por el ex procurador Francisco Moreno tenía entre sus objetivos el de prevenirlos frente a agresiones de talamontes protegidos por el narco. Sin embargo, del centenar de agresiones, casi la mitad fueron forestales y sólo hay dos consignaciones en poco más de ocho años. Eso los lleva a concluir que “los talamontes ya no necesitan más que de ellos mismos para hacerle embate a la policía, a la Profepa y a quien se les pare enfrente”.