Ambulantaje, mina de oro y poder en la Cuauhtémoc

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Un abogado bebe un capuchino. Son las ocho de la mañana de un día laboral y desde la banqueta de Doctor Río de la Loza, en la colonia Doctores, observa la entrada de la Junta de Conciliación y Arbitraje del Distrito Federal, mientras que en un puesto de la calle le ofrecen pan y le cuentan las últimas ocurrencias de la cuadra.

Al lado del abogado hay un puesto de copias, le sigue una papelería, puestos de ropa, artículos de belleza e incluso una parrillada argentina. Desde hace 30 años la familia Medina, encabezada por el padre, José Luis, regentea el espacio público que sirve de trabajo para más de medio centenar de ambulantes. Su hijo Diego y un cobrador, son piezas claves de este negocio.

El esquema de comerciantes semifijos atrincherados en las aceras de Río de la Loza, Doctor Vertiz y Doctor Andrade le reportan al líder local más de 40 mil pesos al mes en cuotas. Si el negocio se escala a nivel delegacional, la cifra asciende a 50 millones de pesos mensuales, de acuerdo con un cálculo del jefe delegacional electo de la Cuauhtémoc, Ricardo Monreal.

El negocio inicia con la venta de un espacio en la vía pública que no rebasa los dos metros cuadrados. “A mí me cobraron 10 mil pesos”, dice un joven comerciante de comida que hace tres años adquirió un pequeño puesto en la salida de la Junta; otra comerciante asegura que en 2004 le vendieron el derecho a 17 mil pesos. “Le vieron cara de rico a mi marido”, comenta, y explica que el pago de esa cuota inicial les da un derecho vitalicio sobre el espacio que “después yo lo puedo ceder o vender”.

Al pago por la adquisición se le suma la cuota semanal que cada jueves o viernes pasa a recoger el cobrador. “Yo pago 170”, dice la comerciante, aunque admite que hay precios diferenciados de acuerdo con el giro del negocio y el espacio que abarque: a los puestos de comida se les cobra más —de 180 a 250 pesos semanales—, mientras que a la venta de artículos de belleza, por ejemplo, se baja hasta 160 o 150 pesos.

A las cuotas periódicas se suman las extraordinarias. “En diciembre nos pidieron 250 pesos para el regalo del delegado”, dice otro de los comerciantes, quien se queja de los cobros de sus líderes. Los dueños de puestos semifijos también deben pagar un sobrecosto en temporadas como la navideña, “y no les importa si vendes igual”.

Además de los pagos —inicial, semanal y extraordinario— que hacen los comerciantes, también se les pide una cuota política. “Nos exigen que vayamos a mítines del PRD”, dice otra comerciante, quien afirma que al último evento al que asistieron fue el cierre de campaña del candidato perredista a jefe delegacional por la Cuauhtémoc, José Luis Muñoz Soria. “Debemos ir tres personas por puesto”, dice el comerciante de alimentos al explicar que en el evento pasan lista. “Si no vas te penalizan. No te dejan poner tu puesto unos días”, agrega sobre las exigencias de participación de su líder.

Los planes de Monreal

“El ambulantaje es un problema serio de tal proporción que se ha desenvuelto en una anarquía. En desorden”, dice en entrevista el delegado electo Ricardo Monreal, y da cifras para dimensionarlo: en los últimos 15 años creció 600%.

Su plan para enfrentar lo que cataloga como uno de los problemas más acuciantes de la delegación incluye: congelar la emisión de permisos para comercio en vía pública hasta que se solucionen las irregularidades con los ya establecidos, un censo, la creación de un fideicomiso público que pertenezca a los comerciantes, eliminación de los líderes y un ordenamiento. “A partir del primer día que gobernemos, antes de la reordenación y la dignificación del comercio ambulante, no será entregada ninguna autorización ni permiso para instalarse en vía pública hasta que no reordenemos”, puntualiza.

Por su parte, Agustín Torres, delegado de la Cuauhtémoc de 2009 a 2012, opina: “En mi experiencia de gobierno, lo que está planteando [Monreal] es inviable”. Dice que su propuesta “puede desatar una guerra en la ciudad. Una auténtica batalla”, y que en su opinión el plan rebasa las facultades administrativas de la delegación.

Para el perredista la única vía, mientras no haya un andamiaje legal que permita organizar el comercio en vía pública, es un programa de regularización para que el pago de los comerciantes ingrese a las arcas públicas, no a los bolsillos de los líderes.

La complejidad de esta labor, según el político de Morena Ricardo Monreal, es que el ambulantaje “es una mina de votos y de dinero para el PRI y el PRD”. Calcula que por esta actividad, sólo en la Cuauhtémoc los líderes obtienen de 40 a 50 millones de pesos mensuales; pero la cifra se vuelve conservadora si se toman en cuenta datos dados por el morenista: “Se habla de cifras negras, unos hablan de 50 mil, otros de 48 mil comerciantes, pero oscila entre 40 y 60 mil personas que diario entregan una cuota de 50 pesos”. Eso significaría que el negocio ascendería a 90 millones de pesos mensuales.

—¿A quién le entregan esta cuota? —le preguntó EL UNIVERSAL a Monreal.

—Al líder, y a funcionarios públicos de la delegación y del gobierno central. Se ha convertido en un área de corrupción porque no ingresa a las arcas oficiales, sino que se va a los bolsillos de funcionarios y líderes corruptos.

—¿Alejandro Fernández, actual delegado con licencia, es beneficiario de esto?

—Seguramente sí, presumo que sí. Pero nosotros no podemos afirmar nada en tanto no lleguemos a la delegación. Vamos a hacer una auditoría a fondo y estamos platicando con los vendedores para plantearles el fin de la extorsión.

—¿Qué volumen de negocio calcula?

—Millones de pesos diarios. Tenemos un cálculo de ingresos de entre 40 y 50 millones de pesos al mes que se generan de cuotas de comerciantes ambulantes a funcionarios y líderes. Es una cantidad muy importante, imagínese usted si esta cantidad se destinara a un fideicomiso y con eso se empezaran a adquirir predios para regularizar el comercio ambulante.

En el par de meses que queda para el relevo en la Cuauhtémoc, los ambulantes temen por el futuro de su ingreso y se especula sobre la dificultad de regular un ámbito en el que se han enfracasado al menos dos iniciativas de ley impulsadas en la Asamblea Legislativa del DF, una del PRD y otra del PRI.