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Respecto al reporte emitido este jueves por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) Informe Especial sobre Desaparición de Personas y Fosas Clandestinas en México, el Gobierno de la República emitió un comunicado de prensa en el que asegura que será analizado y se tomará nota de las propuestas del organismo.
El Gobierno Federal reconoció la labor de la CNDH y de los colectivos y organizaciones de la sociedad civil para mejorar los esfuerzos institucionales encaminados a la erradicación de la problemática de fosas clandestinas y desapariciones.
Destacó que la aprobación de la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Desaparición de Personas permitirá dotar al Estado de un diseño institucional adecuado y de mejores capacidades en este ámbito.
Esta Ley permitirá la creación del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, integrado por herramientas como el Registro Nacional de Personas Desaparecidas, y el Registro Nacional Forense para facilitar la localización e identificación de personas y reglamentará lo relativo a la disposición de cadáveres y restos.
"El Sistema también aseguraría la inmediata movilización de las instancias de seguridad pública, procuración de justicia y personal especializado ante un reporte de desaparición, con el objetivo de garantizar una respuesta institucional amplia, ágil y oportuna dentro de las primeras 72 horas", destaca el comunicado.
También se crearía la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB), que coordinaría el Sistema Nacional de Búsqueda de Personas.
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La CNB debe ser un organismo desconcentrado de la Secretaría de Gobernación (SEGOB) y entre sus funciones se encargaría de diseñar y ejecutar el Programa Nacional de Búsqueda de Personas desaparecidas y el Programa Nacional de Exhumaciones; recibir denuncias o reportes sobre desaparición de personas; acceder a la información contenida en bases de datos y registros de todas las autoridades.
Además, deberá contar con una Unidad de Búsqueda y con Fuerza de Búsqueda (policías capacitados y certificados), un área de Análisis de Contexto y un Área de Gestión y Procesamiento de Información para la realización de sus actividades.
Con la aprobación de la Ley se consolidará Registro Nacional de Personas Desaparecidas, que permitiría a los familiares dar seguimiento a su denuncia de desaparición.
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Se trata de un registro con información actualizada, proporcionada por hospitales, centros de detención, estancias migratorias, cruces fronterizos y servicios médicos forenses, tanto federales como locales.
El comunicado también informa sobre la creación del Registro Nacional Forense, el cual "utilizaría los últimos adelantos de la ciencia y la tecnología para facilitar la localización e identificación de personas desaparecidas".
También se compromete a definir dos tipos penales: el de desaparición forzada, cometido o instigado por servidores públicos; y el de desaparición por particulares.
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"Ambos permanentes e imprescriptibles, con una sanción de 50 a 100 años de prisión y de 40 a 90 años de prisión respectivamente, que evidencian el compromiso del Estado de castigar con la mayor severidad aquellos delitos que lastiman y trasgreden el tejido social".
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