A fin de atender la educación, salud, seguridad y alimentación de 40 millones de menores de cero a 17 años de edad, el próximo año se aplicará por primera vez en el país un presupuesto transversal de 759 mil millones de pesos.

Así lo informó Ricardo Bucio Mújica, secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (Sipinna) durante el Seminario Internacional hacia una mejor inversión en la Infancia, organizado por el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef).

El funcionario dio a conocer que el gobierno federal autorizó la creación de un grupo de trabajo interinstitucional que analizará la aplicación de los recursos que se etiquetan para la atención a la niñez, así se evaluará la forma en que se distribuye el dinero y se redefinirá la manera en que se invierte para aprovecharlo más a favor de las niñas y los niños de México.

El año pasado se destinaron 736 mil millones de pesos para el Anexo Transversal y para 2017 se prevé que sean más de 750 mil millones de pesos, lo que significa un aumento de 15% sin embargo, Bucio Mújica afirmó que a pesar de que cada año existe un aumento sustantivo, no hay un presupuesto dirigido a cada uno de los programas para menores.

El ejecutivo refirió que de acuerdo con la Ley General de Protección a las Niñas, Niños y Adolescentes, en vigor desde 2014, es la primera vez que se incluyen los recursos para el Sistema Nacional de Protección Integral y confió en que cada una de las entidades del país lo consideren en sus presupuestos locales.

Planteó además que la gran tarea es revisar el anexo transversal de la Federación y que cada estado cuente con uno para conocer el monto de los recursos que se destinan a este sector de la población y también consideró necesario hacer un nuevo enfoque en la dirección de los recursos para atender efectivamente a la población infantil más vulnerable, sobre todo en zonas de alta marginación.

Bucio Mújica concluyó que en la república hay un avance en lo que mandata la Ley General de Protección a las Niñas, Niños y Adolescentes, pues en 2016 han sido creados los sistemas de protección en las entidades federativas y creadas 900 procuradurías de la Defensa del menor

En la inauguración de este seminario, Christian Skoog, representante de UNICEF en México apuntó que la inversión en los niños debe “ser equitativa, eficiente, transparente y efectiva” lo cual representa “un reto vital para el presente y futuro de los países y la población”.

Este evento, convocado por la Unicef y el gobierno mexicano, busca colocar en la agenda pública y política la importancia que tiene la inversión en la infancia como una forma de lograr que todos los infantes vean cumplido su derecho a la sobrevivencia, alimentación y al goce de una buena salud.

Especialistas analizaron los efectos de la crisis económica en el bienestar y en los derechos de los infantes y adolescentes, las estrategias de gobierno y el financiamiento de la Agenda de Desarrollo Sostenible Post 2015, así como la forma en que los gobiernos de Latinoamerica y el Caribe invierten en este sector.

“Como expresión más concreta de las prioridades de un país, el presupuesto es lo que hace posible que cada niño y niña realice su máximo potencial. La inversión pública oportuna en salud, nutrición y educación, protección y participación de los niños, niñas y adolescentes es una herramienta estratégica para romper el ciclo intergeneracional de pobreza y reducir la desigualdad", señaló Christian Skoog.

Se recordó que en 2015 los Estados miembros de Naciones Unidas aprobaron la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, la cual incluye un conjunto de 17 objetivos relacionados directamente con los niños.

En materia de infancia se apuesta por poner fin a la mortalidad entre recién nacidos y niños menores de cinco años, poner en marcha medidas para acabar con todas las formas de desnutrición, promover la alimentación sana y nutritiva de la niñez, eliminar la pobreza infantil en todas su dimensiones, velar por la educación primaria y secundaria gratuita de calidad, asegurar acceso a servicios de atención y desarrollo en la primera infancia, eliminar la violencia contras mujeres y niñas, y poner fin al maltrato, la explotación, la trata, la tortura y todas las formas de violencia contra los niños y niñas antes del 2030.

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