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Académicos e integrantes de organizaciones de la sociedad civil condenaron de forma categórica las agresiones que sufrieron 14 trabajadores de la educación y funcionarios del gobierno de Chiapas por parte de presuntos integrantes y simpatizantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE).

Académicos e investigadores señalaron que se debe actuar conforme a la ley para sancionar las agresiones, pero coincidieron en que estos hechos demuestran que la Secretaría de Educación Pública (SEP) necesita cambiar su estrategia y abrirse al diálogo sobre la reforma educativa.

Para el profesor del Centro de Estudios Sociológicos del Colegio de México, Manuel Gil Antón, es tiempo de revisar la reforma. Señaló que no se puede asegurar que los agresores de Chiapas sean profesores; sin embargo, consideró que no se debe defender ninguna causa “por más justa que sea” utilizando la humillación.

Coincidieron Ángel Díaz Barriga, profesor emérito de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), y Roberto Rodríguez Gómez, investigador de esa institución. Díaz Barriga dijo que es necesario abrir un espacio de discusión que incluya al Congreso de la Unión, a la SEP, al Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE) y a los maestros.

Rodríguez Gómez señaló que la política del gobierno federal no ha contribuido al diálogo. “Toda la política laboral que ha acompañado a la reforma y la cancelación de formas de protesta e inconformidad no es causa [de las agresiones], pero tampoco contribuye a crear un clima pacífico”, opinó.

David Calderón, director de Mexicanos Primero, y Consuelo Mendoza García, presidenta de la Unión Nacional de Padres de Familia, pidieron que los gobiernos estatales y federal hagan cumplir la ley y sancionen a los agresores de los profesores en Chiapas. “La protesta se va a dar con o sin reforma educativa, el asunto es que esto se agrave o pueda escalarse”, señaló Calderón.

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