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La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) clausuró obras y actividades que realizaba el Instituto Tecnológico de la Chontalpa, especializado en ingeniería petrolera y geociencias, ubicado en una zona federal del municipio de Nacajuca, Tabasco.

La Profepa informó que esta decisión fue tomada porque el instituto afiliado a la Secretaría de Educación Pública (SEP) no contaba con la autorización de impacto ambiental que emite la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) para realizar las obras.

Detalló que el personal de la Profepa realizó una inspección del lugar, luego de recibir una denuncia ciudadana en la que se alertaba que la institución educativa efectuaba obras y actividades irregulares en las inmediaciones de un río ubicado en el ejido Rivera Alta.

Personal de la dependencia detectó la construcción de una barda de concreto de 23 metros de largo y 4.5 metros de alto, sin contar con la autorización correspondiente. El instituto tampoco acreditó haber instrumentado las medidas de prevención y mitigación necesarias para evitar o minimizar los impactos ambientales negativos que se generarían en la zona federal y cauce del río por la construcción de la barda.

La autoridad ambiental federal procedió a imponer como medida de seguridad la clausura total temporal de la obra y las actividades que se realizaban, ya que se considera que existe un riesgo inminente de desequilibro ecológico.

“La clausura se levantará hasta que el responsable de la obra y las actividades presente la autorización que expide la Semarnat sobre impacto ambiental. Se dará seguimiento al procedimiento administrativo instaurado, durante el cual se pueden imponer medidas correctivas para la reparación y/o compensación de los daños ambientales ocasionados”, dijo la Profepa.

La dependencia también aseguró 100 ejemplares de almeja pismo y remitió ante el Ministerio Público Federal de Mexicali, Baja California, a cuatro personas que realizaban ilegalmente la comercialización de esos especímenes.

Esta acción derivó de un operativo realizado por la Profepa en coordinación con la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (Conapesca) y la Secretaría de Marina (Semar) para combatir el tráfico y comercio ilegal de especies protegidas, en el marco de los trabajos del Programa Integral de Atención al Alto Golfo de California.

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