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Padres de los 43 normalistas desaparecidos hace un año entregaron al presidente Enrique Peña Nieto ocho exigencias, entre ellas el replanteamiento de la investigación y que la misma esté a cargo de una unidad especializada con supervisión internacional, así como que se acepten las recomendaciones del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI).
No obstante, al término del encuentro con el Ejecutivo federal, reprocharon que el mandatario no se comprometió a cumplir ninguna de las demandas, no hubo acuerdos, y rechazaron las seis propuestas que a su vez planteó Peña Nieto. A través de sus voceros, aseguraron que para ellos la verdad de lo ocurrido a sus hijos, el 26 de septiembre de 2014, ya está escrita en el informe del GIEI, aunque para el gobierno federal sea sólo una hipótesis.
Ante la negativa de las autoridades federales de aceptar de inmediato los ocho puntos, María de Jesús Tlatempa, una de las madres de los desaparecidos, enfatizó que continuarán su lucha y “serán la piedra en el zapato”.
Peticiones. El documento se entregó en la reunión con el Presidente, en la que familiares y normalistas pidieron crear una unidad especializada con supervisión internacional que esté compuesta por dos instancias: una que indague a profundidad dónde están los estudiantes y otra que investigue el “montaje con el que se pretendió engañar a las familias”, en alusión a la versión de que los estudiantes fueron incinerados por el crimen organizado.
En el segundo punto, exigieron la permanencia del GIEI y que el informe que presentaron en días anteriores sea aceptado con todo y sus recomendaciones: “Exigimos que así se señale públicamente, que el gobierno federal publique en el Diario Oficial de la Federación el resumen ejecutivo del informe, y que se haga una nueva edición con amplia distribución en todo el país”.
Pidieron que el mandato de los expertos independientes se prorrogue durante un año más.
Asimismo, solicitaron que la indagatoria la lleve directamente la oficina de la procuradora Arely Gómez y sea conducida por un fiscal que tenga el visto bueno del GIEI; que se presenten periódicamente los avances de la investigación y se agoten todas las líneas.
“Exigimos que se investigue la responsabilidad del ex gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre; del ex procurador de Guerrero, Iñaky Blanco; del ex Procurador General de la república, Jesús Murillo Karam; del titular de la Agencia de Investigación Criminal, Tomás Zerón, y de la responsable de los servicios periciales de la procuraduría, Sara Mónica Medina Alegría”.
Plantearon el “relanzamiento y concentración de la búsqueda a partir del uso inmediato de tecnología”.
En el punto cinco piden que se brinde atención inmediata y digna a los heridos y familiares de los normalistas. Sobre la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, que se deje de criminalizar a sus integrantes.
Sin compromisos. En conferencia de prensa, tras reunirse con el Presidente, los padres que están en ayuno de 43 horas fijaron posición, ante lo que calificaron como una actitud previsible.
Informaron que el presidente Peña Nieto les presentó seis propuestas, que aseguran ya existían, no hubo novedades, por lo que expresaron su descontento y advirtieron que para ellos la verdad ya está escrita en el informe del GIEI, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Felipe de la Cruz, vocero del movimiento de los padres, dijo que al no reconocer el contenido del informe, que revela que los normalistas no fueron incinerados como señala la versión oficial, “el gobierno lo que busca es cansar a los familiares de los normalistas”.
Al comentar que ya sabían la respuesta que obtendrían del Presidente, mencionó que para el gobierno federal el trabajo del GIEI es sólo una hipótesis, pero para ellos es la verdad.
Vidulfo Rosales, abogado de los padres, adelantó que no aceptarán un tercer peritaje en el basurero de Cocula, como lo planteó el Presidente, ni tampoco la fiscalía especializada para la búsqueda de personas desaparecidas, ya que lo que ellos piden es una unidad especial para el caso Iguala, que se dedique a la búsqueda de los normalistas y a fincar responsabilidades a los funcionarios que ocultaron la verdad.
“Ayotzinapa amerita una investigación específica, que se enfoque a la búsqueda y la otra a fincar responsabilidad a los funcionarios”, agregó.
