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El gobierno de México expresó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) su rechazo ante cualquier acto que atente en contra de la libertad de expresión y del derecho a la privacidad de las personas, al tiempo que ratificó la invitación a los probables afectados a presentar las denuncias correspondientes que faciliten las acciones en materia de procuración de justicia.
A través de un comunicado conjunto entre las secretarías de Relaciones Exteriores, de Gobernación y la Procuraduría General de la República, el gobierno mexicano destacó su voluntad para atender los desafíos en materia de derechos humanos.
Luego de su participación en el 163 periodo extraordinario de sesiones de la CIDH, el gobierno recapituló que en esas audiencias, representantes de organizaciones de la sociedad civil acusaron una presunta intervención de comunicaciones privadas sin mandato judicial a distintos actores sociales en México, incluyendo a periodistas y a personas defensoras de derechos humanos.
También destacó la probable intromisión en teléfonos de miembros del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), quienes manifestaron que en marzo de 2016 recibieron mensajes parecidos a lo descrito en una nota periodística publicada por el periódico The New York Times.
Explicó que una delegación de funcionarios de alto nivel del gobierno federal acudió a Lima, Perú, para participar en tres audiencias: una de ellas en las que se denunció el tema del espionaje y sobre los avances en las indagatorias de la desaparición de 43 estudiantes normalistas en Iguala, Guerrero. Otra más sobre acciones y estrategias para hacer frente a la discriminación y violencia en contra de personas LGBTI; el fortalecimiento de las acciones en materia de justicia y combate a la impunidad.
Según el comunicado, la CIDH haría llegar al Estado la información para su atención.
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Representantes del gobierno mexicano destacaron acciones para la atención a víctimas, en particular a través de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV).
Se recordó que México tiene una política de cooperación y apertura con los mecanismos de derechos humanos, con lo que se trabaja para la atención adecuada de los compromisos internacionales en la materia.
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