Corte niega amparo a ex agentes narcos

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La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) negó el amparo a nueve ex policías de Hidalgo y Nuevo León presuntamente integrantes de Los Zetas, que alegaron en su detención que fueron torturados.

Los policías buscaban que sus declaraciones fueran desestimadas por haber sido víctimas de tortura.

Solicitaron que se les aplique el protocolo de Estambul y que se investigue la tortura que denunciaron; sin embargo, la Suprema Corte de Justicia rechazó esto porque no consta que tales declaraciones hubieran sido producto de la tortura.

Las resoluciones, aprobadas por unanimidad durante la sesión de la Primera Sala de la SCJN, avalaron la decisión emitida en los juicios de amparo en la que se argumentó que a pesar de que los ex policías de Hidalgo y Nuevo León alegaron haber sido víctimas de maltrato, no acreditaron fehacientemente que la tortura fue realizada por los elementos que los detuvieron.

“Los actos de tortura no deben presumirse, sino que deben probarse y sujetarse a todas las reglas de un debido proceso penal, porque se trata de un delito, lo que en el caso no acontece, porque no existen constancias que demuestren que se cometió el ilícito. El caso está denunciado ante la autoridad competente”, se argumentó en la negativa del amparo.

Los amparos en revisión fueron resueltos con las ponencias de los ministros Jorge Mario Pardo Rebolledo y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena.

Los ex policías, quienes fueron detenidos entre 2009 y 2010, cinco en Apodaca, Nuevo León y cuatro en Pachuca, Hidalgo, recibieron sentencia condenatoria por delincuencia organizada y delitos contra la salud.

Entre ellos se encuentra Alejandro Guerra García El Teacher, señalado como líder de Los Zetas en Apodaca; los otros cuatro promoventes fueron señalados por pretender rescatarlo de su detención que ocurrió en 2010, misma que derivó en narcobloqueos.

A los ex policías de Pachuca se les señaló porque sin tener funciones de administración, dirección o supervisión, realizaban diversas actividades con la finalidad de brindar protección a Los Zetas para que pudieran operar en la entidad.