Sistema penal. Cambio estructural o colapso

Nación 01/03/2017 03:10 Dennis A. García y Astrid Sánchez Actualizada 17:04
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En foro organizado por EL UNIVERSAL, el procurador Raúl Cervantes advierte de las deficiencias de la procuración de justicia en el país

A ocho meses de la entrada en vigor en todo el país del nuevo sistema de justicia penal acusatorio, la capacidad de investigación del Estado mexicano es precaria, por lo que urge edificar una nueva arquitectura de la procuración de justicia; de lo contrario, el sistema podría colapsar, advirtió el procurador General de la República, Raúl Cervantes Andrade.

“El anterior sistema ya colapsó. Estoy convencido, y los fiscales también, de que hay que crear una institución fuerte. El tema del proceso va a ser muy complicado, pero varios estamos convencidos de que es el camino correcto para cambiar una situación que se ha venido arrastrando en México. Hay que hacer una procuración de primer mundo; mientras no se haga no vamos a cambiar y entonces sí el sistema penal podría colapsar”, enfatizó.

En una reunión con directivos y colaboradores de EL UNIVERSAL, encabezados por Juan Francisco Ealy Lanz Duret, Director General de El Gran Diario de México, el titular de la PGR subrayó que si bien se transitó al nuevo sistema de justicia aún se enfrentan retos ante la falta de un proceso, capacitación y profesionalización adecuados. “Hay que reconocerlo, lo otro sería flotar, decir que ya estábamos listos, administrar en la coyuntura, y eso no es conveniente para México”, admitió.

En el foro participaron los columnistas de EL UNIVERSAL Carlos Loret de Mola, José Cárdenas, Héctor de Mauleón y Alejandro Hope.

 

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Cervantes Andrade explicó que, de acuerdo con un diagnóstico que se entregó al Senado de la República, hace falta especializar a todos los personajes involucrados en el nuevo sistema de justicia penal; de lo contrario, dijo, “la procuración de justicia va a seguir con estándares muy bajos”. Para ello pretende establecer estándares de operación homogéneos para la Federación y los estados.

“Se está implementando un sistema que en otros países se ha tardado muchos años, pero que es el camino correcto. No hay otro sistema en materia penal. Si el adversarial no se diera no habría otro al cual evolucionar”, comentó.

Entre algunas deficiencias señaladas por el procurador General de la República están la falta de profesionalización. Por ejemplo, no hay una carrera ministerial; además, los delitos de alto impacto no deberían por ningún motivo estar en medios alternativos.

“El sistema adversarial es un sistema no probatorio, es de indicios en las primeras etapas y las pruebas se muestran hasta que el juicio se dé en audiencia oral. Se necesita una enorme madurez de política criminal para distinguir cuáles son llevados por medios alternativos y en cuáles se debe ir a juicio”, señaló.

Durante la charla mencionó que hay 32 mediadores, uno por entidad, y son la piedra angular para la solución de conflictos. “Eso es simulación, no se está implementando el sistema porque todos los operadores del derecho [ministerios públicos, abogados, defensores de oficio, abogados defensores, coadyuvantes del ministerio público, abogados de la víctima, jueces] muchos de ellos están mentalmente en el acusatorio descansando en el inquisitivo”, advirtió Cervantes Andrade.

Adelantó que en cuatro meses, aproximadamente, se tendrían las recomendaciones hechas por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), entre otras instituciones, para la nueva arquitectura institucional en procuración de justicia.

“Los procesos del cambio de procuración de justicia siempre son a largo plazo, pero parten de un modelo que se consensuó, no es prueba y error. Hay que evolucionar en la investigación”, mencionó.

Diagnóstico

La evaluación institucional realizada por la PGR, titulada Hacia un nuevo modelo de procuración de justicia. Diagnóstico y plan de trabajo, puntualiza que los principales desafíos son el fortalecimiento de las capacidades institucionales de investigación y litigación, así como el mejor aprovechamiento de la totalidad de las alternativas procesales.

“La arquitectura institucional de la Procuraduría General de la República no es la idónea para soportar cabalmente los procesos que exige el sistema de justicia penal adversarial como lo mandan, en esencia, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el Código Nacional de Procedimientos Penales; tampoco para evitar que las prácticas deficientes que se desarrollaban en el sistema inquisitivo mixto se hereden”, explica el documento entregado al Senado de la República.

Advierte de la saturación del sistema de justicia penal; por ejemplo, solamente en el mes de diciembre de 2016 ingresaron 6 mil 549 nuevas carpetas de investigación, “lo que representa un aumento del 10.39% del total de asuntos que hasta noviembre de ese año conocía la institución.

“Las deficiencias institucionales que se advierten en los diagnósticos de la Procuraduría General de la República se pueden atribuir, entre otros factores, al poco esfuerzo destinado a la capacitación y especialización de los agentes ministeriales, policiales y periciales, así como a las condiciones laborales poco competitivas que no reflejan la responsabilidad que recae en su función, y a un complicado y volátil servicio de carrera que, lejos de incentivar el trabajo de los funcionarios, los condiciona, muchas veces, a realizar sus labores alejándose del mandato constitucional”, puntualiza.

Destaca la importancia de que el proceso se homologue en todas las fiscalías y procuradurías para el esclarecimiento de los hechos, protección del inocente, procurar que el culpable no quede impune y que los daños causados por el delito se reparen. Al respecto, el procurador comentó que “restaurar la paz antes del conflicto, ese es el mandato, y no encarcelar gente. No está hecho el sistema para el encarcelamiento”.

A pesar de que el nuevo sistema se implementó en las 32 entidades de la República en tiempo y forma de acuerdo con lo establecido en la reforma de 2008, no se ha logrado una consolidación plena porque el mayor reto ha sido eliminar las prácticas que están arraigadas desde hace más de un siglo en la mayoría de los operadores jurídicos del país.

Estas prácticas resultan incompatibles con el nuevo sistema y por ende impiden desplegar las potencialidades de las herramientas del Código Nacional de Procedimientos Penales, la Ley Nacional de Ejecución Penal, la Ley Nacional de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias y la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes.

El diagnóstico detectó que las investigaciones que se realizan sin detenido terminan siendo carpetas de investigación sin actuación porque no se identifica a los presuntos responsables del hecho que se persigue.

Estas deficiencias, reporta el informe, provocan rezago en la resolución de carpetas de investigación y han generado que aún existan 74 mil 310 averiguaciones previas que corresponden atenderse con el sistema tradicional.

Los agentes del Ministerio Público de la Federación no aplican, o lo hacen de forma escasa, las herramientas que proveen las Unidades de Análisis Criminal.

La Procuraduría General de la República usa con poca frecuencia los Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias, a pesar de saber que con ellos se podría finalizar de forma más rápida los asuntos bajo su competencia.

“La actual arquitectura institucional de la Procuraduría General de la República no ha puesto mayor énfasis en fortalecer los Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias, lo cual es indicativo de que aún persiste una tendencia propia del sistema penal inquisitivo de siempre optar por la judicialización de los asuntos”, destaca el documento.

El diagnóstico señala que los actos de corrupción y las malas prácticas en el interior de la institución derivan de las deficiencias en la arquitectura institucional.

El informe señala varios elementos para que la implementación del nuevo sistema de justicia sea exitosa, entre los que destaca la existencia de un Ministerio Público autónomo, que los peritos no estén sujetos a ninguna instrucción, indicación o mandato que determine el sentido de los dictámenes que emiten y el reforzamiento de la conducción técnico-jurídica de las investigaciones por parte del Ministerio Público.

Se menciona que con la expedición del decreto del 18 de junio de 2016 se marcó el inicio del nuevo sistema en todo el país; no obstante, tal condición no fue suficiente para desterrar la arquitectura institucional del viejo sistema.

“La instrumentación y operación de tales estrategias requiere, fundamentalmente, de personal debidamente formado y especializado en la investigación de aquellos sectores de delitos frecuentemente vinculados con las actividades de este sector de la delincuencia asociativa; por ejemplo, robo de hidrocarburos, secuestro, trata de personas en sus diferentes modalidades, falsificación y alteración de moneda, robo de vehículos, por citar algunos”, indica.

Otro punto que resalta es la temporalidad en el cargo de los titulares de la PGR, ya que en los últimos 10 años duran en el cargo en promedio un año y medio, lo que da una inestabilidad a la institución.

Advierte que una de las grandes asignaturas pendientes es el tránsito hacia la homologación normativa interna e institucional que permita hacer realidad los objetivos del nuevo sistema de justicia penal.

“La autonomía técnica y operativa, los servicios periciales, las estrategias de capacitación y especialización del personal sustantivo, el servicio profesional de carrera y la homologación de las estructuras institucionales son sólo algunos de los elementos que deben tenerse en cuenta para cimentar el nuevo modelo”, agrega el documento.

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