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El relator especial sobre la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes de la ONU, Juan Méndez, expresó que en los organismos protectores de derechos humanos existe una preocupación porque la conclusión del trabajo del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) signifique que la investigación de lo que ocurrió con los normalistas de Ayotzinapa no se lleve a cabo de manera profunda y seria.

“Tememos que éste sea el fin de una investigación seria y profunda; obviamente no estamos pronosticando eso, sino que la falta de colaboración con el GIEI le ponga fin a una investigación. Si hay voluntad política, debe continuarse con la investigación; de no ser así, demostraría una vocación por la impunidad de hechos gravísimos y señalaría a México ante la comunidad internacional, pero creemos que todavía hay mucho por hacer y que se puede hacer”, dijo Méndez en entrevista con EL UNIVERSAL.

El relator emitió ayer una declaración de manera conjunta con otros tres especialistas de la ONU, por escrito, en la que coinciden en que el informe final del GIEI evidencia, entre otros aspectos, las serias deficiencias en el sistema de justicia, las preocupantes debilidades del Estado para investigar con la debida diligencia manifiestas violaciones a los derechos humanos y el sofisticado nivel de coordinación de algunas autoridades en la comisión de crímenes.

El trabajo del relator Juan Méndez fue cuestionado por el gobierno mexicano, luego de que en su informe sobre tortura dijo que el problema era generalizado en el país. Ante la posibilidad de que el diplomático pudiera regresar a hacer una visita de seguimiento a las denuncias, la Cancillería lo evitó con el argumento de que antes debe aprobarse la ley correspondiente.

—¿Cómo queda México en el cumplimiento de respeto y promoción de derechos humanos ante los diferentes organismos internacionales?

—México queda comprometido con las obligaciones que siempre tuvo y que ahora se señalan con más agudeza, porque estamos en una encrucijada en que si hay voluntad política debe continuarse con la investigación. Esperamos que, con o sin el respaldo de gobierno mexicano al GIEI, la investigación, la sanción que corresponda a los responsables, así como la reparación a las víctimas, que son todas obligaciones emanadas de los compromisos internacionales de México, se cumplan de todas maneras.

—Después de todo lo que ha acontecido en México en derechos humanos, ¿se puede afirmar que existe un retroceso en el tratamiento del tema?

—No puedo caracterizarlo así, en México hay una masa hacia la mayor protección de los derechos humanos caracterizada principalmente por la sociedad civil mexicana, pero también por algunos órganos del Estado, como las instituciones de defensa de los derechos humanos, como algunas decisiones de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, así como las leyes que se abordan en el Senado, que son pasos en la dirección adecuada. También existe la colaboración con organismos internacionales, eso es un paso correcto, y en todos esos caminos hay piedras, obstáculos, a veces más grandes, a veces más chicos, pero que son significativos. No puedo decir que haya un retroceso, pero sí que los obstáculos son preocupantes.

—Las agresiones al GIEI se dan luego de que usted tuvo una confrontación con el gobierno, que cuestionó su trabajo. ¿Esto es indicativo de algo?

—Lo mío fue distinto, porque fue un diferendo con el gobierno bien identificado, lo declaramos superado hace más de un año. Los ataques personales que se dieron conmigo son menores respecto a lo que les pasa a defensores y defensoras de derechos humanos en México y también menor con respecto a los ataques al GIEI, que son más sostenidos e insidiosos porque no tienen fundamento. Los ataques mantienen el grado de impunidad y de tortura en México.

—¿El gobierno es parte de esta campaña contra el GIEI?

—Nosotros no afirmamos eso, reconocemos que la campaña viene de sectores que se autoproclaman de la sociedad civil, pero creemos que hay sectores del Estado mexicano que apoyan a esa campaña porque están [más] interesados en la impunidad que en la verdad de los hechos, y una manera de mantener la impunidad es desacreditar a los que intentan romper ese ciclo.

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