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Tras casi cinco horas de un ríspido debate, los grupos parlamentarios en el Senado acordaron respaldar en lo general los ocho puntos que los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa, Guerrero, víctimas de desaparición forzada, presentaron al presidente Enrique Peña Nieto.
Antes, en un intenso debate, el PRI y el PVEM, a través de Pablo Escudero, afirmaron que el PRD y Andrés Manuel López Obrador son responsables de encumbrar a José Luis Abarca, ex alcalde perredista de Iguala, quien presuntamente ordenó la desaparición de los normalistas.
Aseguró que como parte de la investigación, los ex presidentes del PRD, Jesús Zambrano, Jesús Ortega y Guadalupe Acosta, además de los ex senadores Carlos Sotelo y Lázaro Mazón, y los actuales senadores Angélica de la Peña y Armando Ríos, deben presentarse a declarar ante la PGR.
Escudero les exigió que digan fecha y hora en que harán esa diligencia.
Más tarde, el presidente del Senado, Roberto Gil (PAN), leyó el acuerdo que hace referencia a las peticiones presentadas por los padres de los estudiantes en su reunión con el Presidente en el Museo Tecnológico de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).
No obstante, los senadores Layda Sansores (PT) y Javier Corral (PAN) reclamaron que el acuerdo presentado por los coordinadores es diferente al que los padres de los normalistas entregaron al Ejecutivo.
Gil Zuarth aseguró que fue un acuerdo de “equilibrio” que el pleno aprobó por unanimidad con 93 votos en favor, cero en contra y cero abstenciones.
En el punto tres sobre el reencauzamiento de la investigación del acuerdo parlamentario, se omitió señalar que la unidad especializada solicitada para el esclarecimiento del caso Iguala tendrá supervisión internacional y estará compuesta por dos instancias: una que busque a los estudiantes y otra que investigue “el montaje con el que se les pretendió engañarlos”.
Ese fue uno de los temas que trabaron más de dos semanas la discusión entre las fuerzas políticas, pues el PRI rechazó la creación de una fiscalía especial para el caso Ayotzinapa.
El acuerdo modificó también el punto ocho que demanda el reconocimiento y aplicar acciones de fondo frente a la crisis de impunidad, corrupción y violaciones a los derechos humanos que se vive en México.
En el debate, los senadores incurrieron en repartición de culpas y descalificación sobre la tragedia de Iguala.
Mientras que la izquierda dijo que no es un tema de partidos o personas, sino un asunto de Estado, porque de acuerdo con el informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes de la CIDH, en la agresión de los jóvenes normalistas estuvieron presentes las fuerzas federales.
En tribuna, Layda Sansores acusó al gobierno federal de ocultar la verdad sobre la agresión en los estudiantes y señaló que el presidente Peña Nieto, como jefe supremo de las Fuerzas Armadas, supo de la actuación del Ejército y las fuerzas federales.
La senadora independiente Martha Tagle criticó a los legisladores que hayan centrado el debate en defender sus intereses. “¿Y la ciudadanía a la que representamos, dónde está, cuándo se escucha su voz en el Senado?”.
Diputados exigen informe a PGR. La Comisión Especial de Ayotzinapa en la Cámara de Diputados aprobó solicitar a la Procuraduría General de la República (PGR), las conclusiones o síntesis a las que llegó y que fueron presentadas como verdad histórica.
Además, invitará por escrito a los padres de los 43 normalistas desaparecidos, a través del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, así como al ex procurador general de la República, Jesús Murillo Karam.
Tras acordar también que la comisión especial en San Lázaro sesionará todos los martes de cada semana, una vez que concluyan los trabajos legislativos en el pleno, la presidenta de ese órgano, Guadalupe Murguía (PAN), externó que también se buscará al secretario de la Defensa Nacional, general Salvador Cienfuegos y autoridades militares de la 27 Zona Militar, a la procuradora general de la República, Arely Gómez, y al titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), Luis Raúl González.
También al grupo de expertos independientes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), y a la Fiscalía de Guerrero, que tuvo conocimiento de los hechos durante los primeros días de su acontecer y “que levantó las primeras averiguaciones”, indicó la panista.
Las reuniones serían abiertas, con excepción de aquellas en donde participen sobrevivientes de los hechos ocurridos el 26 de septiembre, en Iguala, Guerrero.
Piden seguridad en marcha. En la Asamblea Legislativa del DF (ALDF), PRD, PAN y PRI turnaron a comisiones —que aún no están conformadas— un punto de acuerdo para solicitar al titular de la SSP local , Hiram Almeida, garantizar seguridad en la marcha de mañana por la desaparición de los normalistas.
Esto, a pesar de que pudieron aprobarlo ayer mismo como urgente y de obvia resolución.
La bancada de Morena, en voz de la diputada local Beatriz Rojas, pidió respeto absoluto a los manifestantes.
Con información de Juan Arvizu
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