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El peritaje del basurero de Cocula no es la única línea que se debe considerar en la investigación de la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa, pero sobre el particular, el Código Nacional de Procedimientos Penales establece que ante la duda se debe convocar a una junta de peritos, coincidieron en señalar expertos.
“El FBI me parecería positivo o corporaciones policiacas de otras partes del mundo que tienen experiencia en este tipo de casos, sin duda ayudarían a la investigación y a dar credibilidad a las pesquisas de la Procuraduría General de la República”, expresó Jorge Chabat, profesor del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE).
Actualmente, destacó, el principal problema que enfrenta el gobierno mexicano es de credibilidad. Aun cuando se hicieran bien las investigaciones hay una parte de la opinión pública que no les va a creer nada de lo que digan, y “ayudaría que existan otras instancias que tengan legitimidad y tengan experiencia en éste tipo de investigaciones”.
En el caso de Iguala, opinó que hay muchos cabos sueltos, por lo que una pesquisa seria debería considerar todos los elementos, no sólo lo de Cocula, debido a que hay puntos que no se investigaron o se indagaron a medias y generan dudas no sólo a los padres de los estudiantes, sino en la opinión pública.
Samuel González, consultor independiente en seguridad, dijo que se deben abordar las 30 líneas de investigación que planteó la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) en el caso Iguala, en donde el basurero de Cocula es sólo un punto.
Destacó que “el Código Nacional de Procedimientos Penales establece que cuando hay una duda entre una parte y la otra, se llama a una junta de peritos, es lo que se debió haber hecho y no aventar un informe de expertos internacionales donde también hay errores”.
Para Amnistía Internacional, la respuesta del gobierno del presidente Enrique Peña Nieto tras su reunión con las familias de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa pone de manifiesto la falta de voluntad política para esclarecer los acontecimientos de septiembre de 2014.
“Las familias de los desaparecidos merecen más que palabras y demostraciones superficiales de buena voluntad. Los compromisos asumidos por el presidente Peña Nieto no tendrán significado alguno para las familias de los desaparecidos si no producen resultados tangibles,” aseguró Perseo Quiroz, director de Amnistía Internacional México.
Indicó que la Procuraduría General de la República (PGR) debe hacer como suyas, sin reserva, las líneas de investigación propuestas por el GIEI y comenzar un proceso para determinar la responsabilidad de los funcionarios que llevaron las investigaciones hasta el momento.
La integrante del Grupo Interdisciplinario de Expertos Intependientes (GIEI), Ángela Buitrago, dijo: “Celebramos el acercamiento que realizó el presidente Peña Nieto, se dio un paso en la demostración de la buena voluntad de ambas partes”.
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