La investigación de una tragedia

Por: Javier Cruz Angulo

Nación 25/09/2015 01:22 Actualizada 02:44

La investigación de los hechos de una tragedia, como Ayotzinapa, debe tener varias características. La primera es que se deben seguir los caminos establecidos en la ley. Las pruebas periciales generadas por la Procuraduría General de la República están en manos de un juez y las conclusiones del GIEI-CIDH debieron ser ofrecidas ante juez (como prueba de las víctimas) para que la autoridad judicial las pudiera valorar, emitir alguna decisión por las discrepancia y permitir que todas las partes interrogaran los méritos de cada peritaje. La propuesta de seguir el camino tradicional del proceso penal, no excluye el resto de acciones y esfuerzos. Les da orden. Sé que este argumento es legalista. Sin embargo, en México tenemos los hechos de Tlatlaya, la guardería ABC y todos los casos del día a día ¿Quién podría decir qué hecho es más grave que otro? El curso ordinario del proceso penal (sin excluir el resto de acciones) podría ordenar las coordenadas del debate público y judicial.

La segunda característica es no trivializar argumentos o posturas. Las pruebas de ADN son una de las herramientas más confiables, hoy por hoy, en el esclarecimiento de los hechos en materia penal. El último dictamen de la Universidad de Innsbruck está puesto en duda, no hay que pasar desapercibido que ese laboratorio, es considerado el más calificado en el mundo, en caso de que no sea así ¿Qué instituto tiene la capacidad? En principio se descalificó que los hechos de Iguala estuvieran relacionados, de manera directa, con un problema de narcotráfico. El grupo de expertos pide que se investigue sobre la vinculación del trasiego de droga entre Iguala y Chicago ¿por qué ahora esto es viable? Todas las líneas de investigación, sean o no, políticamente correctas se tienen que agotar para el esclarecimiento de los hechos.

La tercera regla es la importancia de las primeras horas de investigación después de cometido el hecho delictivo. La Procuraduría del Estado de Guerrero problematiza mucho la posibilidad de esclarecer los hechos a pie juntillas. ¿Qué pasó con la escena del crimen? ¿La cadena de custodia? El propio perito Torero afirma que su peritaje no es una verdad monolítica y que podría existir un tercer peritaje, el problema es la conservación de la escena y la falta de la decisión judicial. Podemos especular que existen objetos perdidos, contaminados y que ciertas declaraciones no se tomaron con cierto rigor, tratar de reparar esto es casi imposible en un camino sin reglas, las reglas del derecho podrían ayudar a esto. Aquí regresamos a la importancia del cumplimiento de la ley. En el caso de que la Procuraduría General de Justicia del Estado de Guerrero hubiera cumplido con la ley, no estaríamos frente a este escenario; y menos aun frente a la pregunta sobre ¿será posible enmendar esto? En efecto, dar un tratamiento con los cauces de la ley suena simple, aburrido, legalista o incluso absurdo (hay quien no cree en institución alguna) pero empujar el cumplimiento de la ley nos ayuda en todos los casos, no solo en Ayotzinapa, sino en el caso ABC o en Tlatlaya. El fiscal general de Guerrero se quejaba de la destrucción de sus instalaciones ¿por qué? Porque él no hace cumplir la ley en el estado. No se puede descalificar a los familiares de Ayotzinapa por los hechos violentos que se han cometido, por supuestos simpatizantes de la causa; y tampoco se puede descalificar al gobierno federal en sus esfuerzos, basta con mencionar que fue el gobierno federal el que aceptó que dentro de una medida cautelar de la Comisión Interamericana llegara el grupo de especialistas. Por ello, lo mejor para todos los casos es cumplir la ley, castigar a todos los responsables y ver en todas sus tonalidades el comportamiento de las víctimas y del gobierno federal. En un hecho como Ayotzinapa una visión en blanco y negro es banalizar la tragedia.

Director de la Clínica de Interés Público del CIDE

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