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Hay diálogos infernales, y esta vez tienen lugar en el Senado, en dos espacios: en la presentación del “Informe Ayotzinapa”, donde se confrontan senadoras, y en un encuentro del presidente de la Cámara Alta, Roberto Gil Zuarth (PAN), con mujeres que sobreviven al dolor por la desaparición de hijos, esposos, familiares que topan, además con la indiferencia por parte de las autoridades.

“Hemos fallado”, dice Gil Zuarth, a las mujeres que han llegado de Coahuila, Nuevo León, Zacatecas y de otros estados en busca de la atención del Poder Legislativo. Son personas que sufren la desaparición de seres queridos, “y eso no se lo deseo a nadie, porque usted, senador, no tiene ni idea de qué es eso”.

Gil Zuarth, quien ha sido presidente de la Comisión de Justicia —uno de los principales hornos de leyes del Senado—, les dice que él ha presentado proyectos de reforma constitucional y de una ley entera para el caso de la desaparición forzada, pero no basta. Ellas le dicen que vienen de recorrer caminos largos, de recibir el trato indolente de autoridades, de ser ellas ministerio público investigador para dar con el paradero de sus hijos.

Tienen el rostro con un rictus de dolor, como si hubieran llorado; es de mañana y se ven cansadas; visten, algunas, playeras con leyendas relativas a la persona que buscan y no encuentran. “Son miles y miles de personas desaparecidas, y no descansaremos hasta encontrar a nuestros hijos”, explica Virginia Buenrostro, sentada ante la mesa de trabajo de la presidencia del Senado, en cómodos sillones de piel, en la lujosa sede de un poder a cuyas puertas llegan los necesitados de justicia.

Incluso, una salvadoreña, Ebertila Parada, expone lo difícil que resulta para un centroamericano buscar a un familiar desaparecido en México: “Hay enfermedades, pobreza; el camino es desconocido y hay grave riesgo de no volver a nuestras tierras”, de desaparecer también en suelo mexicano.

Delgado, alto, serio, Gil Zuarth se va a levantar, terminada la reunión, y escuchará atento lo que las mujeres le dicen. De lejos parece un fraile franciscano en auxilio de los necesitados. El hecho es que los mismos poderosos legisladores no se pueden valer por su propia capacidad. Dice: “El Estado mexicano les ha fallado; les hemos fallado, porque no hemos logrado construir instrumentos legislativos potentes para buscar y encontrar a cada uno de sus familiares”.

En otro espacio del Senado, integrantes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) presentan el “Informe Ayotzinapa”, un grueso volumen de tapas negras, del que se comentan las insuficiencias dentro de la investigación hecha por la PGR.

Laura Rojas (PAN) encuentra indicios de corrupción, descomposición de las autoridades, mala calidad de las averiguaciones; el ex procurador Jesús Murillo Karam es responsable de una investigación mal hecha, que complicó el camino a la verdad.

Diva Gastélum (PRI) reacciona: “Me parece que no debemos fomentar el encono y la desconfianza”; el Senado, explica, debe ser un puente para dialogar el tema tan delicado, y urge: “Ayotzinapa debe llevarnos a una reflexión seria”.

Miguel Barbosa (PRD), quien ha escuchado el curso de los alegatos, repone: “No hacemos bien cuando este tema tan delicado, tan sensible, se puede volver más forma de promoción política. Me quedo con la frase de Layda (Sansores) ‘¿cómo hacemos para que el Senado se vuelva aliado de esta causa?’”. Estos fueron diálogos infernales en el Senado.

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