Ocultaron pistas de normalistas: CIDH

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Ocultamiento y destrucción de evidencia son parte de las irregularidades que el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha detectado en la investigación que realiza la Procuraduría General de la República (PGR) en el caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa, los cuales fueron secuestrados y posteriormente desaparecidos en Iguala, Guerrero, el 26 de septiembre de 2014.

A dos semanas de concluir su misión en México, los integrantes del Grupo de Expertos de la CIDH confiaron en exterder su estancia por seis meses más, en acuerdo con el gobierno federal. Revelaron que la Secretaría de Gobernación (Segob) les negó el permiso para que pudieran entrevistar a 25 militares del Vigésimo Séptimo Batallón de Infantería, quienes presuntamente atestiguaron los hechos ocurridos en Iguala, por lo que sólo podrán interrogarlos mediante cuestionarios por escrito.

Francisco Cox, integrante del grupo enviado por la CIDH, explicó que la Segob les respondió que las comparecencias de los militares tendrían que darse como parte del proceso penal. Por lo que rechazó el argumento de que la entrevista pueda poner en riesgo la legalidad de la investigación.

“La motivación para haber solicitado la entrevista tiene que ver más bien con que fueron testigos de ciertos hechos y que estaban en esos lugares. No tenemos ningún antecedente para que se les vincule jurídico-penalmente en los hechos”.

El grupo de expertos reveló que el Tribunal Superior de Justicia de Guerrero tenía en su poder una videograbación del momento en el que los estudiantes de Ayotzinapa fueron detenidos por policías municipales y presuntos sicarios del grupo Guerreros Unidos en las inmediaciones de una de sus sedes, material que en lugar de entregarse a la PGR para su uso en la investigación fue destruido.

“[Hay] la existencia en su momento de una videograbación en la escena de intervención policial que dio lugar a la desaparición de un grupo de normalistas, en el escenario de la salida a Iguala, cerca del Palacio de Justicia. Estos videos existieron y fueron resguardados y enviados a la presidencia del tribunal. Posteriormente, nos fue informado que estos registros visuales fueron destruidos”, informó Claudia Paz.

Los expertos de la CIDH solicitaron la intervención de la PGR para conocer a los responsables de dicha acción.

Además, en el análisis de la CIDH se detectó que el 27 de septiembre la propia PGR recogió ropa de los jóvenes desaparecidos, sin que la dependencia haya reportado este hecho a las familias de las víctimas y sin que el Ministerio Público federal los haya resguardado para realizar peritajes forenses.

Se encontraron omisiones consideradas “graves” en la autopsia practicada a Julio César Mondragón, el estudiante que fue desollado, por lo que se solicitó practicar un nuevo estudio a sus restos.