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SAN JOSÉ.— El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), una de las más prestigiosas instituciones interamericanas de defensa de los derechos humanos, con sede en Costa Rica, pidió ayer al gobierno de México que investigue la cadena de mando militar en el caso Tlatlaya, por la muerte de 22 personas en un enfrentamiento con elementos castrenses que realizaban una operación desplegada en junio de 2014.
En una declaración entregada a EL UNIVERSAL, la abogada costarricense Marcia Aguiluz, directora del Programa para Centroamérica y México de CEJIL, consideró “urgente” que el gobierno de México decida replantear “el curso actual de las investigaciones” e indagar “la posible participación de los altos mandos militares que emitieron” una orden de “abatir delincuentes” en sus operaciones.
La jerarca del CEJIL, una instancia que ha representado a ciudadanos mexicanos y del resto de América Latina y el Caribe en litigios contra estados americanos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, aseguró que el Estado mexicano “no ha cumplido con su deber de investigar las graves violaciones de derechos humanos” en Tlatlaya, caso ocurrido el 30 de junio de 2014.
Aunque la “versión oficial” aseguró que las muertes ocurrieron por un choque armado, otros informes y el testimonio de una persona sobreviviente han señalado que una gran mayoría de las víctimas habrían muerto después de finalizado el enfrentamiento.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) estableció que en algunos de los casos se habría cometido homicidio y, pese a la gravedad de los hechos, “el Estado mexicano está faltando a su deber” de investigar, añadió.
“Preocupa que se haya abierto una investigación en la jurisdicción militar paralela a la investigación en la sede penal ordinaria, ello pese a la reforma al fuero militar que excluyó el uso de la jurisdicción militar en casos donde las víctimas son civiles.
Adicionalmente, “llama la atención que la Procuraduría General de la República (PGR) sólo haya procesado a siete militares por la muerte de ocho civiles”, obviando así la prueba que indica que más personas podrían haber muerto en otras condiciones, recalcó.
Por último, exhortó a “México a proteger a defensores y defensoras de derechos humanos que acompañan el caso”.
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