PGR no investiga a Josefina, pero no exonera a su familia

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La Procuraduría General de la República (PGR), a través de la Subprocuraduría Jurídica y de Asuntos Internacionales, entregó a Josefina Vázquez Mota, candidata del PAN a la gubernatura del Estado de México, una constancia en la que se afirma que ante esa institución no tiene abierta ninguna carpeta de investigación que la involucre en el delito de lavado de dinero.

El 27 de marzo EL UNIVERSAL publicó que la PGR tiene una investigación abierta en contra del padre y seis hermanos de Vázquez Mota, quienes presuntamente recibieron 17 millones de pesos de empresas que en 2013 fueron denunciadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) por el trasiego de más de 400 millones de pesos de presunto origen ilícito.

El pasado 28 de marzo la panista envió un documento dirigido a Raúl Cervantes Andrade, procurador General de la República, en el que solicitó que se le informara si existía una denuncia o investigación abierta en su contra.

“Solicito atentamente a esa representación social informe a la suscrita si dentro de los archivos de la Procuraduría General de la República existe denuncia alguna interpuesta o el inicio o curso de alguna investigación en lo general y en lo particular por operaciones con recursos de procedencia ilícita en mi contra, lo anterior, derivado de que en diversos medios de comunicación se publicaron notas, en las que se menciona la presentación de denuncias penales relacionadas”, pidió.

La respuesta de la PGR fue el documento SIAI/255/2017, con fecha del 30 de marzo de 2017 y firmado por el subprocurador jurídico y de asuntos internacionales, Alberto Elías Beltrán.

“Con fundamento en el artículo 16 párrafo segundo del Código Federal de Procedimientos Penales, me permito informarle que no es parte de investigación alguna relacionada con el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita”, detalla la respuesta.

Ayer por la mañana en un debate entre los candidatos al gobierno del Estado de México, en el noticiero Despierta, de Carlos Loret de Mola, la panista defendió su inocencia y la de su familia, de los señalamientos del candidato del PRD, Juan Zepeda.

Ante la insistencia del abanderado del sol azteca, Vázquez Mota mostró la carta de la PGR y presumió: “La respuesta de la PGR declara que no hay investigación alguna. Ni en las mafias se meten con las familias”.

En el transcurso de ese debate Loret de Mola planteó que la carta la deslindaba a ella de la responsabilidad, pero no estaba clara la situación de sus familiares, a lo que respondió: “La carta dice que no hay una sola investigación en mi contra y sobre mi familia, Carlos, no pensé que tú también ibas a ser parte de este debate, pero bueno”.

—Tengo derecho a preguntar como periodista, faltaba más —dijo Loret.

—Carlos, no tengo ningún problema que me la hagas [la pregunta], ésta y las que quieras porque aquí lo que están tratando de dañar, y es claro, es una trayectoria de honestidad, siempre se ataca a quienes vamos encabezando las encuestas y tenemos la preferencia electoral. Es una calumnia. Yo vengo de una familia trabajadora —recalcó.

El Gran Diario de México publicó que en las investigaciones que se siguen en la PGR están involucrados los familiares de la candidata del PAN.

La Unidad de Inteligencia Financiera de la SHCP presentó una denuncia ante la Unidad Especializada de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita de la PGR en contra de María José Tábata Roldán Urdapilleta, de las empresas Smart Bussines Consulting Sima SA de CV, Bolshoye y de quien resulte responsable, según documentos a los que se tuvo acceso la semana pasada.

De los diversos receptores de transferencias recibidas de estas dos empresas destacan siete personajes: Luis Antonio Vázquez Mota, María del Carmen Vázquez Mota, Gerardo Arnulfo Vázquez Mota, Guadalupe Vázquez Mota, Margarita Silvia Vázquez Mota y María Angélica Vázquez Mota, hermanos de la candidata, así como su padre, Arnulfo Vázquez Cano.

Aparentemente recibieron en suma en 2013, 17 millones 27 mil pesos, la mayoría procedentes de Smart y sólo uno por 1.8 millones de pesos de Bolshoye a María del Carmen.

Expertos de la Unidad de Inteligencia detectaron que ambas empresas no estaban al corriente en el pago de sus impuestos y tampoco coincidían sus ingresos y sus egresos. Además, se verificó que las empresas tenían domicilio “fachada”, y otras irregularidades.

Martín Barrón, investigador del Instituto Nacional de Ciencias Penales, dijo que al descartarse una carpeta de investigación contra la panista, se descarta cualquier indagatoria.