A una semana de ir a la votación más grande de la historia, por la magnitud del número de cargos a elección que coincidirán, los posicionamientos sobre el Poder Judicial de la Federación (PJF) juegan un papel fundamental en la contienda, al grado que candidatas y candidato a la Presidencia coinciden en la necesidad de reformarlo, en mayor o menor medida y en diversos sentidos.
Si bien el alcance de la “justicia” en los discursos políticos a veces se limita al tema penal o de la seguridad, en las tres candidaturas presidenciales, se observa una visión amplia sobre una posible reforma al PJF. Dos temas son comunes: la elección o designación de ministras y ministros: por elección popular o a consulta de asociaciones de juristas y universidades, y la separación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Consejo de la Judicatura Federal.
En sus últimas apariciones, candidatas y candidato a la Presidencia han realizado desde críticas expresas a la extralimitación de funciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y a las reuniones con dirigentes partidarios, hasta propuestas mecanismos de nombramiento de ministros y ministras; refuerzo de sus facultades de control sobre el gobierno y la garantía de los derechos de propiedad; mecanismos de accesibilidad de la justicia, y fortalecimiento de la carrera judicial, la meritocracia y la experiencia jurisdiccional.
Las plataformas electorales de los partidos, por su parte, son más específicas. Plantean, sin indicar partidos políticos específicos, sino sólo para distinguir las propuestas de siete partidos políticos:
• Autonomía judicial y proscripción de la intromisión en el ejercicio libre de jueces y profesionales de la abogacía; paridad de género en los diversos cargos del Poder Judicial; capacitación de jueces, transparencia y participación ciudadana en materia ambiental.
• Fortalecimiento de la selección de personas juezas, magistradas y ministras con base en méritos y cualificaciones, y de la SCJN como tribunal constitucional, y autonomía, independencia y garantía presupuestal para el Poder Judicial.
• Justicia transicional, erradicación de impunidad, y verdad, justicia, reparación del daño y no repetición a víctimas del delito. Recursos para comisiones de la verdad y profesionalización de las fiscalías. Erradicación de prácticas de corrupción. Fortalecimiento de la SCJN como tribunal constitucional.
• Independencia de poderes Ejecutivo y Judicial; fortalecimiento del servicio de carrera judicial; protección a jueces y magistrados de presiones políticas o económicas; combate a la corrupción; sistema de justicia penal, y priorización de víctimas del delito en procesos y reparación de daños. Mejorar calidad de decisiones judiciales.
• Democratización del Poder Judicial con elección, por voto popular, de personas ministras magistradas y juezas. Limpiar al PJF de corrupción, complicidades, conflictos de interés, connivencias y derroche de recursos. Combate a la impunidad; justicia pronta, expedita y democrática, y plena vigencia y garantía de derechos humanos y sociales en la impartición de justicia.
• Reforma constitucional para elegir jueces constitucionales por voto popular; capacitación para perspectiva de género y atención de violencia contra las mujeres; agilización de procesos.
• Protección a personas testigos, fiscales, juezas y abogadas dedicadas al combate al crimen organizado, feminicidios y a violencia contra periodistas, así como defensoras de derechos de las poblaciones indígenas, riquezas medioambientales y de la biodiversidad de México.
El 2 de junio habrá una definición importante para la justicia mexicana.
