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Ante senadores, el integrante del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), Mauricio Merino, expresó que es necesario revertir el “desastre” que hay en el proyecto de la Ley General de Archivos, porque como se redactó, los historiadores que hagan recuento de los hechos de México se pueden encontrar con un hoyo negro, ya que “no estamos cuidando nuestra información”.
“Les rogaría que le dieran esta dimensión histórica, porque a veces la palabra ‘archivos’ nos remite a lugares donde se guardan papeles viejos, donde ya no importa; por el contrario, el archivo es la base misma del acceso a la información”, expresó Merino Huerta en una reunión de trabajo con miembros de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Senado.
En noviembre de 2016, cuando se presentó el proyecto de Ley de Archivos, la última ley para completar la reforma en materia de transparencia, expertos, académicos e historiadores advirtieron sobre los riesgos e inconsistencias en la propuesta de la Cámara Alta, que incluso representan una amenaza a los sistemas de transparencia y combate a la corrupción.
Merino Huerta dijo que es preocupante que en el proyecto no haya una valoración suficiente sobre la necesidad de desvincular el control político de la memoria histórica de México, de su entrega franca, directa, con plena accesibilidad para todos.
El rector de la UAM, José Octavio Nateras, coincidió en que existe una preocupación genuina en términos del proceder cotidiano para preservar, para organizar y para poner a la disposición los archivos históricos, no sólo de los investigadores sino del público en general.
“En ese punto, efectivamente hay valoraciones de naturaleza política, pero hay también una urgencia y la necesidad de tener claridad de que hay aspectos de procedimiento técnico, de conocimiento especializado que es necesario reconocer”, dijo.
El coordinador de Humanidades de la UNAM, Alberto Vital, propuso la creación de un equipo de trabajo para alcanzar una redacción final de la Ley que sea clara, viable, con base en la experiencia compartida.
Vital indicó que también se debe tomar en cuenta la viabilidad financiera y humana. Explicó que la UNAM está formando a 600 jóvenes sólo en la bibliotecología: “Hay otra carrera que es gestión de archivos específicamente, es una carrera más joven, con menos gente, pero refleja el enorme esfuerzo que está haciendo nuestra universidad en este punto”.
Belem Oviedo, presidenta de la Asociación Mexicana de Archivos y Bibliotecas, expuso que para garantizar este derecho convendría que la Ley General de Archivos establezca que los documentos históricos, tanto públicos como privados, deben regirse además de la Ley General de Transparencia por el derecho al acceso a la cultura comprendida en el artículo 4 de la Constitución.
Hay compromiso: Senado. El presidente de la Jucopo, Fernando Herrera (PAN), reiteró el compromiso y la voluntad para encontrar puntos en común que lleven a dictaminar a la brevedad la iniciativa de la ley.
La presidenta de la Comisión de Gobernación, Cristina Díaz (PRI), aseguró que no habrá control de la información en los estados y municipios, y que los archivos históricos estarán abiertos a la sociedad: “Los documentos históricos tendrán acceso público y libre” y para ello se deberá garantizar la modificación del artículo transitorio 14, a efecto de que las transferencias documentales se den en estricto apego a la legislación de transparencia, acceso a la información y protección de datos personales.
La senadora Laura Rojas (PAN) destacó que impulsará que la ley garantice que el Archivo General de la Nación sea descentralizado no sectorizado, con el objetivo de que no haya injerencia de partidos políticos.
La coordinadora del PRD, Dolores Padierna, coincidió en que se tienen que adoptar medidas para que los archivos históricos, las microfichas de planos históricos, de edificaciones importantes o de expedientes de tribunales, formen parte del patrimonio documental y tiene que prevalecer el interés general.
