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La Cámara de Diputados aprobó un dictamen que reforma el Código Penal Federal para que el servidor público que ayude a la fuga de algún detenido, procesado o condenado, sea inhabilitado para obtener otro empleo por un periodo de hasta 20 años.
Asimismo, cuando uno o varios miembros de una asociación o banda de tres o más personas con propósito de delinquir, sea o hayan sido servidores públicos de alguna corporación policial, fuerzas armadas en situación de retiro, reserva o en activo, sean inhabilitados para desempeñar cargo o comisión públicos por un periodo de hasta 20 años.
El documento que surge de varias iniciativas y que modifica el artículo 150 y 164, del Código, señala que en ambos casos se aplicarán las penas establecidas y que las sanciones deben ser ejemplares con el fin de que sirvan como forma de prevención.
El dictamen enviado al Senado para su análisis y eventual ratificación, resalta que la sanción de inhabilitación debe ser porque derivado de su calidad de servidores públicos tienen acceso a instalaciones, sistemas, documentos, que facilitan la comisión de un delito o la fuga del reo, por lo que se encuentra en ventaja si se compara con una persona que no tenga ese carácter.
Desde tribuna, el diputado Arturo Santana (PRD), señaló que dicha reforma parte del escenario coyuntural de la fuga de Joaquín Guzmán Loera, El Chapo Guzmán que al ser recapturado se olvidaron de cuestiones como darle continuidad a la investigación para llegar hasta el fondo, definir y procesar a quienes fueron los culpables de su huída.
“Hablo de los altos funcionarios del sistema penitenciario en este país, que por mucho tiempo el PRD ha sostenido que no puede un secretario –en este caso el secretario de Gobernación– estar cargando con los problemas de política interna del país y a su vez estar cargando con los temas policiales y penitenciarios de nuestra nación”, refirió.
cev
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