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horacio.jimenez@eluniversal.com.mx
El grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en la Cámara de Diputados propuso hacer un exhorto a las legislaturas de todos los estados del país para que aceleren la armonización de sus normas locales con la Constitución y, de esta manera, acelerar la puesta en marcha del Sistema Nacional Anticorrupción.
A través de un punto de acuerdo, el diputado Hugo Cabrera Ruiz (PRI) también les pide a todos los estados que apliquen el principio de máxima publicidad, con la intención de que toda la población se encuentre debidamente enterada acerca de este proceso.
En su documento, el priísta describió que esas reformas representan una propuesta profunda y sin precedente en el combate a la corrupción, pues de acuerdo con una encuesta, 51.4% de la población cree que la corrupción en el estado en el que vive es incluso mayor a la que había hace cinco años.
Hugo Cabrera Ruiz argumentó que la corrupción en México se ha convertido, desde hace décadas, en un fenómeno social que se ha arraigado en la población ante la indiferencia e incentivo del propio poder público.
“Nocivas formas que han permitido la reproducción de la corrupción a cualquier nivel y que ahora se ha convertido en una actividad recurrente que genera pérdidas en el país de entre 2% y 10% del Producto Interno Bruto (PIB), de acuerdo con un Informe presentado por el Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco)”, añadió el diputado del PRI.
Indicó que la serie de reformas comprenden un sistema que prevé una mejor coordinación del gobierno a través de varias instancias dedicadas a prevenir, detectar y sancionar los actos de corrupción.
“El Sistema Nacional Anticorrupción, desde la reforma a la Ley Fundamental y sus leyes secundarias, es el esfuerzo original que deberá propiciar un cambio en la percepción práctica que de este tema se tiene en lo más profundo de nuestra sociedad”, abundó.
El diputado Hugo Cabrera Ruiz resaltó que el siguiente paso es que las legislaturas de todos los estados de la República armonicen sus normas locales en la materia de acuerdo con lo establecido en la Constitución Política y en las leyes secundarias.
“Si bien se posee hasta un año, de acuerdo con los transitorios de las reformas para que este proceso se agote, la intención es realizar un llamado para que el mecanismo no sólo se limite al trámite legislativo, ya que debemos abonar a favor de la cultura cívica y urgir en la adecuación plena antes del término de esta tan necesitada reforma legal”, apuntó el diputado.
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