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Después de los hechos del 30 de septiembre en Culiacán, donde fueron emboscados militares con un saldo de cinco muertos, el Ejecutivo debe hacer un fuerte pronunciamiento de respaldo a las Fuerzas Armadas y la sociedad debe responder también, dijo María Elena Morera, presidenta de Causa en Común, tras advertir que no debe quedar en la impunidad.
La activista urgió a que en el Congreso se apruebe una Ley de Seguridad Nacional en la que quede clara la función de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública, porque no es su función constitucional estar en las calles. Dijo urge darles salida de las tareas de seguridad, que dejen de hacer la labor de las policías, pero para ello las autoridades locales deben asumir su responsabilidad y tener a cuerpos policiales bien preparado.
La activista, una de las que firmó una carta en la que deploraron el ataque a los militares, enfatizó que la respuesta de la sociedad y el respaldo hacia los militares y marinos es una parte fundamental.
“La respuesta de los ciudadanos ha sido pobre, no hay apoyo a las fuerzas armadas, no vimos una movilización de redes como cuando matan a un civil y me parece que todas las vidas humanas valen lo mismo, la diferencia es que ellos están para cuidarnos y si permitimos que los maten al rato no vamos a tener quién nos cuide”, indicó.
La presidenta de Causa Común mencionó que de acuerdo con testimonios, las autoridades estatales y municipales tardaron alrededor de cuatro horas para auxiliar a los militares, en ese sentido pidió que se investigue porque “no puede ser que el C-4 no estuviera funcionando nadie se dio cuenta”.
Indicó que “cuando hay un abuso contra los policías o militares pareciera que los ciudadanos estamos anestesiados. La masacre fue un horror, llevaban a un criminal a un hospital y por respetar sus derechos del criminal los matan a ellos”.
En la carta firmada por más de 26 organizaciones y 100 activistas enfatizaron que el ataque a militares del pasado 30 de septiembre en Sinaloa es una amenaza a toda la sociedad para sembrar miedo.
“Este hecho es una nueva amenaza que la delincuencia organizada hace a la sociedad para sembrar miedo, imponer su ley y continuar con sus actividades delictivas”, señalan en la carta.
El documento está dirigido al Ejecutivo federal, a los secretarios de la Defensa Nacional, de Gobernación, al gobernador de Sinaloa y al gobernador electo.
