Al acreditar violaciones a los derechos humanos a la protección de la salud, por inadecuada atención médica y violencia obstétrica a una mujer que falleció al dar a luz, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió una recomendación al director del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Mikel Arriola Peñalosa, y al gobernador de Chihuahua, César Duarte Jáquez.

En marzo de 2013, una mujer de 21 años de edad acudió al Centro Avanzado de la Secretaría de Salud de Chihuahua, para atención médica con 37 semanas de embarazo.

Tras dar a luz, presentó una hemorragia, por lo que una doctora pidió al esposo de la víctima adquirir un medicamento inyectable denominado “ergometrina”; y a las19:00 horas la mujer fue dada de alta, sin que le entregasen ningún documento.

La pareja se trasladó a un hotel en Témoris, donde se hospedó por tener su domicilio en otra localidad; ahí continuó la hemorragia, por lo que al otro día el esposo acudió al Centro Avanzado en tres ocasiones, a las 9:00, 13:00 y 16:00 horas, para solicitar atención médica.

El esposo la trasladó al Centro Avanzado donde únicamente le aplicaron suero y a las 20:00 horas fue dada de alta. Luego, el esposo cuestionó al médico que la atendió sobre el motivo por el cual su esposa sangraba tanto, sin obtener respuesta. Dado que continuó la hemorragia pidieron un pase para trasladarla en ambulancia a San Juanito, Municipio de Bocoyna, Chihuahua, el cual les fue negado.

En la Recomendación 40/2016, la CNDH pidió al IMSS y al gobierno de Chihuahua la reparación integral del daño, proporcionando la atención psicológica que requieran los familiares de la víctima.

Diseñar e impartir en los hospitales mencionados cursos integrales de capacitación y formación en materia de derechos humanos y sus implicaciones en la protección a la salud con especialistas en perspectiva de género, así como en el conocimiento, manejo y observancia de las normas oficiales mexicanas.

Colaborar con la CNDH en la denuncia y queja que presente ante la Procuraduría General de la República y el Órgano Interno de Control en el IMSS, respectivamente, así como la queja y denuncia de hechos que formule ante la Secretaría de la Contraloría de Chihuahua y la Fiscalía General del Estado de Chihuahua, contra el servidor público involucrado en los hechos.

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