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El registro de huellas dactilares y de identificación biométrica del padrón de electores registrados en el Instituto Nacional Electoral (INE) será compartido con la Procuraduría General de la República (PGR) y con la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia (Conatrib) para mejorar los procesos de identificación de cadáveres y restos humanos.

En las instalaciones de la PGR, Arely Gómez, titular de la dependencia; Édgar Elías Azar, presidente del Tribunal Superior de Justicia y de la Conatrib; Lorenzo Córdova, presidente del Consejo General del INE; Rodolfo Ríos Garza, procurador General de Justicia de la Ciudad de México, y Homero Ramos Gloria, procurador General de Justicia de Coahuila, firmaron el convenio que establece los mecanismos para compartir información de las bases de datos del INE.

Córdova Vianello informó que el padrón electoral suma 83.5 millones de registros al 31 de agosto de este año y que sólo 0.27% —225 mil 487 registros— no cuentan con huellas dactilares, probablemente por ser registros antiguos, de personas fallecidas o de quienes por cuestiones físicas no puedan actualizar sus huellas. El resto del padrón contiene información de al menos dos huellas dactilares y fotografía de las personas registradas.

Esto significa que son más de 83 millones de registros los que pueden utilizarse en todo el país para comparar datos con cadáveres de personas mayores de 18 años sin identificar.

“La base de datos multibiométrica de la autoridad electoral nacional constituye la fuente de información más segura y confiable que existe en nuestro país para identificar a los mexicanos de 18 años y más”, presumió Córdova.

Elías Azar reconoció que la Red Nacional de Bases de Datos Genético-Forenses que administra la Coordinación General de Servicio Periciales desde 2008, no ha sido suficiente para resolver el problema de cadáveres y restos mortales no identificados. El magistrado informó que tan sólo en la Ciudad de México, al año 700 cuerpos sin identificar terminan en la fosa común.

“No existe un protocolo o una base de datos completa. El problema en si mismo es enorme, refleja además un instrumento de mayor envergadura y alcance que demanda de todas las autoridades y a todos nos exige coordinación, construcción ordenada y conjunta de una base de datos sólida, completa y que permita identificar a las personas desaparecidas y sus restos mortales”, indicó Elías Azar.

Al 31 de diciembre de 2014, el Registro Nacional de Personas Extraviadas y Desaparecidas contabilizaba 24 mil 812 reportes y de 2014 al 30 de junio de 2016 se reportaron 517 desapariciones de personas entre los 15 y 34 años.

Con este instrumento se plantea la posibilidad de disminuir el registro de personas extraviadas y desaparecidas al lograr la identificación con total claridad de restos humanos.

La procuradora Gómez González aseguró que el uso de este mecanismo se realizará respetando la confidencialidad de la información personal y que se actuará de conformidad con las garantías señaladas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

El sistema reforzará la Red Nacional de Bases de Datos Genético-Forenses y la Base de Datos Ante Mortem/Post Mortem en las 32 procuradurías y fiscalías del país, la cual comenzó a implementarse en febrero de 2016.

“La finalidad es contar con un sistema de gestión de información consolidado que permita compartir datos de personas reportadas como desaparecidas o halladas sin vida y sin identificar”, dijo la titular de la PGR.

A la firma del convenio acudieron presidentes de los tribunales superiores de Justicia, procuradores y fiscales de 11 estados de la República.

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