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La presidenta de Alto al Secuestro, Isabel Miranda de Wallace, lamentó que casos de delitos graves como el secuestro se ventilan en juicios orales ya que reflejan la falta de capacitación de los juzgadores y el desequilibrio que ésto tiene como consecuencia, que se traduce en beneficios para los delincuentes.
Al presentar el caso del secuestro del maestro Rogelio Romo Fajardo, quien fue secuestrado el 17 de junio de 2015 en el estado de Michoacán, explicó que la sentencia de primera instancia en oralidad determinó dejar libre a uno de sus secuestradores a quien la víctima había identificado plenamente por conocerlo desde hace 20 años debido a que era uno de sus vecinos.
En sus declaraciones Romo Fajardo dijo que al momento de su plagio le taparon la cara con un suéter, a través del cual logró identificar a su vecino Raúl Mariano Rueda y que en la casa de seguridad a la que lo llevaron le cambiaron el suéter por una sudadera.
Sin embargo, en las inspecciones ministeriales a la casa de seguridad, el suéter referido por la víctima no fue encontrado pero sí la sudadera.
En consecuencia, el juzgado de primera instancia determinó que Rogelio Romo se contradecía y que no comprobó la responsabilidad de Raúl Mariano Rueda.
"Nosotros al oír la sentencia nos sentimos desilusionados", afirmó la víctima.
"Esperemos que el Tribunal del Estado de Michoacán haga su parte y castigue a estos jueces porque no saben impartir una justicia legal al demostrar con pruebas tanto del ministerio público como las aportadas por nosotros para que el caso se haya dado y no llegara hasta la apelación y todo lo que hace falta".
La decisión, señaló Samuel González Ruiz, asesor jurídico de Alto al Secuestro, fue tomada mediante criterios extremadamente formalistas.
"Parece que pasamos de un formalismo de los documentos a un formalismo oral", dijo.
"La fiscalía tiene que probar cada uno de los elementos del delito más allá de toda duda razonable, curiosamente en la sentencia llegan al estándar del 'más allá de toda duda razonable' excepto en una cosa: en la identificación (del responsable)".
Cuestionó que la capacitación de los jueces de oralidad deja a las víctimas sin posibilidad de argumentar para exigir justicia, pues ponderan los derechos del presunto culpable, lo que puede provocar que la población busque cada vez más justicia por propia mano.
"El gran problema de esta implementación del sistema de justicia penal acusatorio, como la están haciendo con estos jueces que fueron capacitados con estos criterios hipergarantista, es que fomenta la justicia por propia mano, mientras no se cambien estas reglas veremos cada vez más linchamientos y ejecuciones porque la gente está harta de estos criterios", apuntó.
Además de Raúl Mariano Rueda, la víctima señaló a cuatro sujetos más que participaron en su secuestro, uno de ellos murió durante el enfrentamiento que se dio posterior al escape de sus captores, otro que está libre y dos menores de edad cuyos expedientes son del conocimiento de un juzgado de adolescentes en conflicto con las leyes penales en Michoacán, autoridad ante la que confesaron su participación en los hechos y a pesar de ello, se encuentran libres.
Si bien, la resolución del juez fue revocada por una Sala Penal en la apelación, la ONG enfatizó en la necesidad de que los jueces tomen en cuenta los derechos de las víctimas al momento de emitir sus determinaciones pues se corre el riesgo de que los responsables evadan la justicia por esos errores de interpretación de la ley y de aplicación del sistema de oralidad.
"Dejan libres a los imputados y cuando en una segunda instancia revierten la sentencia de libertad, ya nunca los encontramos", enfatizó Isabel Miranda de Wallace.
"Eso es algo que se tiene que cambiar, no podemos permitir que los dejen en libertad sin que hayan terminado este proceso".
Finalmente, cuestionó la libertad de los dos menores de edad implicados en el caso a pesar de que el secuestro es uno de los delitos graves contemplados en el nuevo sistema.
cfe
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