Reporte debe reconocer avances: SRE

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La secretaria de Relaciones Exteriores, Claudia Ruiz Massieu, dijo que el gobierno no comparte algunas metodologías con las que se elaboró el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que asegura que México “atraviesa una crisis de derechos humanos” en un contexto de violencia e inseguridad desde hace varios años.

En conferencia de prensa, después de una reunión con diputados del PRI y del Partido Verde en San Lázaro, Ruiz Massieu expuso que todo informe debe ser objetivo y equilibrado, por lo que tiene que incluir el reconocimiento de los resultados, avances, y el nivel de compromiso que ha tenido el gobierno de México.

“Esa es nuestra posición y la vamos a seguir manteniendo, porque estamos también muy claros de que el Estado mexicano durante décadas ha invertido una enorme voluntad y un enorme compromiso para construir instituciones de promoción y defensa de los derechos humanos, para construir un sistema que los haga efectivos, para construir capacidades que nos den certidumbre de avanzar en esta agenda, y vamos a seguir trabajando en ello”.

La diplomática indicó que hay un compromiso indeclinable del gobierno federal con los derechos humanos, donde se expresa la apertura del escrutinio, en este caso de las instancias regionales de derechos humanos.

Describió que México es un país abierto al escrutinio internacional y aseguró que en todos los ámbitos y foros el país participa de manera activa en la construcción de agendas y sistemas de derechos humanos a nivel global y regional.

“Con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos hemos tenido convicción de colaboración, de compartir la información que nos han requerido y que nos han pedido; hemos sacado un comunicado que todos ustedes tienen, fijando una postura en relación a este informe por parte de las instancias del gobierno de la República que tenemos injerencia en el tema”, dijo la canciller.

El informe que se dio a conocer el miércoles, en Washington, establece que México “atraviesa una crisis de derechos humanos” en un contexto de violencia e inseguridad que persiste desde hace varios años, marcado por altos niveles de impunidad, un documento con serias críticas al papel “deficiente” de las autoridades.

Sobre esto, Ruiz Massieu dijo que “el compromiso indeclinable del gobierno del presidente [Enrique] Peña Nieto con los derechos humanos se expresa en la apertura del escrutinio, en este caso de las instancias regionales de derechos humanos”.

En su respuesta oficial, el gobierno descalificó el contenido del reporte, al señalar que tuvo un sesgo inicial, que los expertos que visitaron el país —entre el 28 de septiembre y el 2 de octubre de 2015— buscaron problemas focalizados en seis entidades, que arribaron a conclusiones sin fundamento, carentes de veracidad y objetividad que partieron de premisas erróneas.