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La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) aplazó para su sesión de hoy la votación que definirá si se anula o no la Ley General para la Atención y Protección a Personas con la Condición de Espectro Autista o si sólo se decreta la inconstitucionalidad de los artículos que obligan a las personas con autismo a tramitar “certificados de habilitación” para poder desempeñar un trabajo.

El análisis del caso dividió al Pleno de la Corte, derivado de que el ministro José Ramón Cossío señaló que el Congreso de la Unión no cumplió con su obligación de consultar a especialistas que atienden a personas con autismo, lo que representa una violación a tratados internacionales en materia de derechos humanos.

El ministro ponente del caso, Alberto Pérez Dayán, encabeza el bloque que se pronuncia por invalidar de forma parcial tres artículos, en los cuales se establece que obligar a las personas con autismo a tramitar “certificados de habilitación” es discriminatorio. Pero defiende y valida el resto de la ley.

Incluso, Pérez Dayán rechazó que el autismo sea considerado como un padecimiento que genera discapacidad, puesto que se trata solamente de un “trastorno” del comportamiento.

“Es importante destacar a todos ustedes que el espectro autista no está considerado médicamente como un tema de discapacidad, sino de comunicación e interacción general y de comportamiento social; es decir, es un trastorno generalizado del desarrollo que impide a quien lo sufre integrarse plenamente al colectivo que no supone discapacidad alguna”, aseguró.

En contraste, el ministro José Ramón Cossío considera que el proceso legislativo violó un mandato contenido en el artículo 4.3 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, ratificado por México, en el cual se establece el derecho a la consulta de las organizaciones especializadas en la materia.

Explicó que aun cuando se hayan enviado invitaciones a diversas organizaciones a que opinaran sobre una propuesta de ley, éstas no fueron invitadas a participar de manera activa, pese a las recomendaciones internacionales que existían sobre este tema.

“Se ha exhortado de manera directa al Estado mexicano a convocar consultas con las organizaciones de personas con discapacidad, asegurando que sus opiniones reciban la consideración adecuada en el proceso de creación de las políticas públicas”, detalló.

A pesar de que uno de los ministros se pronunció por realizar la votación previo al cierre de la sesión, el presidente de la Suprema Corte, Luis María Aguilar Morales, solicitó que la misma se concrete en la sesión de hoy.

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