Los ministros liberales hoy son minoría en la Corte

Con el retiro de Olga Sánchez Cordero y Juan Silva Meza, los juzgadores a los que se ubica como conservadores son más que los considerados en el ala garantista, la cual se ha caracterizado por presentar proyectos que favorecen las libertades individuales

Cinco ministros conservadores son mayoría en la Corte, donde quedan tres liberales y un moderado que se ubica en ambas posturas (ARCHIVO. EL UNIVERSAL)
Nación 09/12/2015 04:00 Juan Omar Fierro Actualizada 09:19
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La integración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) a partir del pasado 1 de diciembre ha dejado en franca minoría a uno de los polos que modificaron radicalmente al máximo tribunal del país en un periodo de 20 años, cambio que se aceleró desde el año 2011 con la entrada en vigor de la reforma constitucional en materia de derechos humanos.

Hasta el pasado 30 de noviembre, el bloque que investigadores y litigantes califican como garantistas y liberales estaba conformado por los ministros Juan Silva Meza, Olga Sánchez Cordero, José Ramón Cossío, Arturo Zaldívar y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, quienes se han caracterizado por presentar proyectos de sentencias que favorecen las libertades individuales o que amplían la interpretación del derecho a favor de las personas.

Saúl López Noriega, académico del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), señala que este grupo de ministros se caracterizó durante los últimos años por emitir jurisprudencias a favor del matrimonio igualitario y por condenar los actos de tortura al dictar una sentencia, al grado de liberar personas que fueron condenadas por tribunales formales y mediáticos.

Dos ministros de este bloque, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, incluso arrancaron su trabajo en el máximo tribunal del país con propuestas de sentencias o votos que resultaron paradigmáticos, aunque con resultados distintos.

El proyecto de Zaldívar sobre el incendio de la Guardería ABC que proponía sancionar por omisiones al entonces titular del IMSS, el ahora extinto Juan Molinar Horcasitas, no logró la mayoría en el pleno del máximo tribunal, pero sentó un precedente que marcó en definitiva a las autoridades involucradas en ese caso.

En contraste, el ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena se pronunció en enero de 2013 por otorgar un amparo liso y llano a la ciudadana de origen francés acusada de ser parte de una banda de secuestradores, Florance Cassez Crepin, que se tradujo en una orden de la Corte para liberar de manera inmediata a la inculpada.

La resolución de los ministros Arturo Zaldívar, Olga Sánchez y Gutiérrez Ortiz Mena consideró que las irregularidades cometidas durante la detención y el proceso penal en contra de Cassez, incluyendo el montaje televisivo para mostrar su captura “en vivo”, provocaban tal grado de incertidumbre sobre su responsabilidad en los hechos que, conforme a lo establecido en la Carta Magna, no se le podía condenar por el delito que le imputaba la Procuraduría General de la República (PGR).

Olga Noriega Sáenz, ex integrante de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) y actual investigadora del Instituto Nacional de Ciencias Penales, señala que más allá de la distinción entre conservadores y garantistas se requiere que todos los ministros defiendan la autonomía e independencia de la SCJN, además de que deben construir sus proyectos con apego a los nuevos estándares internacionales en materia de derechos humanos.

Agrega que, si bien va a ser difícil suplir a los ministros más garantistas como fueron Olga Sánchez y Juan Silva, también es cierto que todos los cambios que experimentó el máximo tribunal a raíz de la reforma en derechos humanos vigente desde 2011 van a hacer difícil un retroceso.

Considera que la Suprema Corte se ha convertido en la vanguardia del Estado democrático de derecho en nuestro país, así como en un contrapeso de los poderes judiciales en los estados que se caracterizan por su poco respeto a los derechos humanos.

Para el abogado Sergio Méndez Silva, quien preside la asociación Justicia Pro Persona, este bloque se vio disminuido con el retiro de los ministros Juan Silva Meza y Olga Sánchez.

Destaca que el otro grupo de ministros, más conservadores y formalistas en la interpretación del derecho tradicional, es el que conforman Jorge Mario Pardo Rebolledo, Margarita Beatriz Luna Ramos, Alberto Pérez Dayán, Eduardo Medina Mora y el presidente de la SCJN, Luis María Aguilar Morales.

Advierte que con excepción del ministro Medina Mora, la referencia al conservadurismo obedece a que este bloque de ministros se opone a la interpretación de que los tratados y convenios internacionales en materia de derechos humanos se encuentran al mismo nivel que la Carta Magna para la resolución de un litigio.

De hecho, esta ala de ministros apoyaron la interpretación de que la Constitución debe prevalecer por encima de los tratados internacionales cuando se establezca una restricción expresa al ejercicio de los derechos humanos, derivado de la contradicción de tesis 293/211.

Méndez Silva agrega que en el caso de Medina Mora sí se le puede calificar como “conservador por consideraciones de corte ideológico”, ya que en una de sus primeras intervenciones ante el pleno de la Corte manifestó su rechazo a que se reconozca en el país el matrimonio igualitario.

En el tema de matrimonio igualitario para parejas homosexuales y heterosexuales, advierte el experto, los otros ministros a los que se considera como conservadores han reconocido la igualdad de derechos de las parejas del mismo sexo a contraer matrimonio por la vía civil, por lo que insiste en que se trata de ministros que no son conservadores en lo ideológico, sino en la interpretación del derecho.

Para Olga Noriega, el tiempo que lleva Medina Mora como ministro es muy corto para poder definir si se va a integrar al ala garantista o conservadora, por lo que se pronuncia por estudiar sus fallos en los próximos meses para hacer un balance de su desempeño.

En este marco, Saúl López Noriega y Sergio Méndez Silva consideran que José Fernando Franco González Salas, a pesar de ser un ministro más formalista en la interpretación del derecho, juega un papel “centrista” y de enlace en el seno del máximo tribunal, por lo que muchas veces inclina la balanza del pleno a favor de un bloque o de otro.

Destacan que el ministro Franco González Salas logra articular una posición intermedia entre los dos bloques que componen el pleno de la Corte, facilitando así el acuerdo y una interpretación constitucional que es acorde con las instituciones del país, que se ha modificado conforme se van reconociendo más derechos de las personas, como a la salud y la alimentación.

Sergio Méndez añade que el ministro Pardo Rebolledo también puede considerarse como “conservador centrista” para efecto de algunas votaciones, pues ha apoyado resoluciones favorables en materia de derechos humanos y contra la tortura, por lo que no se puede hablar de que las posturas de los ministros sean “inamovibles”.

Saúl López Noriega va más allá. A su parecer, gracias a las transmisiones en vivo de las sesiones del pleno, a través del Canal Judicial, considera que la Corte mexicana es una de las más mediáticas del mundo, generando que los propios ministros modifiquen sus posiciones personales ante la opinión pública.

Señala que durante las votaciones en el pleno del máximo tribunal hay ministros que son más liberales que al emitir un voto en las salas, donde sus posturas llegan a ser más conservadoras, debido a que las deliberaciones en la Primera y Segunda Sala se realizan en privado.

Agrega que hay algunas excepciones, como lo fue la sesión para aprobar el amparo de Cassez y, más recientemente, el debate sostenido por varios ministros para declarar la inconstitucionalidad de las normas que establecen una prohibición absoluta para consumir marihuana, por lo que se concedió el amparo a cuatro solicitantes para obtener permisos que les permitan el autoconsumo del enervante.

Olga Noriega considera que los nueve ministros en funciones son juristas preparados que tienen la obligación de conservar la autonomía del Poder Judicial, así como la apertura de la Corte a los derechos humanos.

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