AN propone intervenir instituciones en crisis

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La iniciativa del PAN sobre Seguridad Pública que llegó al Senado plantea mecanismos para intervenir las instituciones de seguridad y administración penitenciaria de estados y municipios ante crisis y emergencias.

Destaca que se faculta al Instituto Nacional de Seguridad Pública —organismo de nueva creación— para iniciar el procedimiento de subrogación de la función de seguridad pública o la disolución de una institución, ya sea su absorción por otra, la subrogación temporal del servicio de seguridad pública en otra institución, así como los procedimientos para determinar el destino de sus recursos humanos, técnicos, materiales y financieros.

Es decir, si una policía municipal tiene problemas institucionales podrá ser absorbida por un organismo de seguridad estatal, y a su vez, éstas funciones podrán ser absorbidas o subrogadas de manera temporal por una institución federal.

La reforma plantea los supuestos de violaciones graves a los derechos humanos y de patrones sistemáticos de corrupción para justificar la disolución de una corporación de seguridad pública o de administración penitenciaria.

Ésto, para “cortar de tajo el problema y evitar la perpetuación de estados de cosas inconstitucionales o riesgosos para el pleno goce y garantía de los derechos humanos de la población en general”.

Se plantea que en los supuestos de subrogación o disolución, el orden de gobierno intervenido mantenga a su cargo el costo presupuestal del servicio de seguridad pública, incluyendo los fondos y aportaciones federales que podrán ser retenidas y reasignadas de acuerdo a la redistribución de funciones.

Al presentar la iniciativa, el senador Octavio Peñaloza (PAN), explicó que ésta se basa en la reestructuración del Sistema Nacional de Seguridad mediante la creación del Instituto Nacional de Seguridad Pública (INSP) como órgano regulador de Seguridad Pública.

El Instituto tendrá a su cargo la reglamentación, supervisión, y evaluación de las competencias y facultades de las distintas instituciones de Seguridad Pública y Administración Penitenciaria de los tres órdenes de gobierno establecidos en la Ley.

La propuesta plantea reestablecer la Secretaría de Seguridad Pública a nivel federal, cuya designación de su titular estará a sujeta a la ratificación por el Senado de la República.