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El mayor reto que tiene la administración del presidente Enrique Peña Nieto es el de fortalecer el Estado de derecho.

Especialistas consideraron, en el marco de la entrega del Tercer Informe de Gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, que sin ello ninguna reforma podrá concretarse; esperan que en la segunda mitad de gobierno “acepte que el problema de seguridad es grave”, que se requiere combatir la impunidad y llevar a la cárcel a funcionarios corruptos que están apoyando a los cárteles.

Consultado por EL UNIVERSAL, Tony Payan, investigador y director del Centro México del Instituto de Políticas Públicas James A Baker III, de la Universidad Rice en Texas, consideró que el reto fundamental de la administración peñista es el de fortalecer el Estado de derecho y reconocer que el problema de seguridad es tan grave como en el sexenio anterior, para poder solucionarlo.

“La administración del presidente Peña debe reconocer que tienen un problema de seguridad de la misma envergadura que la que enfrentó el presidente Felipe Calderón, el problema no ha sido mitigado ni ha sido eliminado, estamos hablando de casi 58 mil muertos, de 20 mil desaparecidos, de un número de delitos denunciados muy comparables a los del sexenio anterior”.

Al respecto, destacó que los mexicanos siguen demostrando una desconfianza muy profunda en el sistema de impartición de justicia y en algunos casos se ha agravado.

Destacó que el problema del presidente Peña sigue siendo la seguridad, lo que puede provocar que no se concreten las reformas estructurales ya aprobadas, debido a que los cárteles pueden sabotear la implementación. A eso se suma que los mexicanos no confían en las instituciones de seguridad y justicia.

Entre las fortalezas que tiene el gobierno de México actualmente, comentó, se encuentra la infraestructura heredada del sexenio anterior, alta tecnología y apoyo del gobierno de Estados Unidos.

Jorge Chabat, especialista en seguridad nacional, señaló que las reformas en seguridad todavía no se han concretado, hay problemas estructurales en la parte policiaca, especialmente a nivel estatal y municipal; en las prisiones, a nivel judicial.

“El reto más importante es acabar con la impunidad, que no es más que un problema de Estado de derecho que no es fácil de resolver ni se va a resolver pronto. Creo que la reforma al sistema de judicial penal va a ser un paso importante que ayudará a que el país se mueva en esa dirección, pero hay más retos que avances”, expresó.

Chabat opinó que el principal reto en este momento es el Estado de derecho y se requieren muchas reformas, así como voluntad política para aplicar la ley por encima de cualquier cosa, sobre todo, que los gobiernos estatales estén dispuestos a encarcelar a todos los políticos corruptos.

Para Pedro Hernández Gaona, académico de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), “se hicieron reformas que fueron un adelanto, pero lo importante no es hacerla sino implementar la reforma a la realidad jurídica que vive el país, de no hacer realidad la reforma podría ser un gran fracaso”.

El académico señaló que a 10 meses para que se implemente en todo el país el nuevo sistema de justicia, hay rezagos en capacitación para todos los involucrados, por lo que insistió en que durante la segunda fase del gobierno federal se debe poner atención para no fracasar.

“Si bien se está preparando y capacitando a los poderes judiciales, no veo que exista una preparación integra a los agentes del Ministerio Público; falta capacitación a los defensores públicos y privados, lo que puede redundar en un fracaso a la reforma en materia de justicia. Hay un enorme reto”, enfatizó.

Por separado, Edgar Cortez, del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, coincidió en que será un gran reto para que se implemente el nuevo sistema acusatorio en el poco tiempo que queda.

“No se ve que haya mayor capacidad y decisión en términos de investigar casos de desaparecidos. No hay acciones que terminen en un combate efectivo a la impunidad. La política de militarización está teniendo sus consecuencias por tortura y desaparición forzada”.

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