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El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) atribuyó al Instituto Nacional Electoral (INE) fallas en el modelo de fiscalización que no permitieron determinar si en esta elección era aplicable, por primera vez, la nulidad de elecciones por rebases en los topes de campaña.

Ayer, al declarar la validez de la elección de 300 diputados de mayoría, los magistrados devolvieron al INE siete quejas de fiscalización, cinco en las que los partidos denunciaron rebase de gastos, con la orden de ser exhaustivos, valorar las pruebas aportadas y determinar si se acredita el exceso.

Esa nueva determinación que emita el INE, aclaró el magistrado Flavio Galván Rivera, podrá ser impugnada, “con todas las consecuencias jurídicas que ello traiga”, es decir, dado el caso se podría llegar a modificar algún triunfo.

Advirtió que la ausencia de una fiscalización efectiva “implica que el rebase en los topes de gastos de campaña no pueda, en esta ocasión, ser considerado como causal de nulidad de la elección, con independencia de que se haya dado o no, porque hasta este momento no existe la verdad legal, definitiva, de lo que ha sucedido con los gastos de campaña”.

En sesión pública, el TEPJF resolvió todos los recursos de inconformidad por las elecciones del 7 de junio, y remitió al INE los cómputos y con ellos se realizará el conteo final de votación válida y la asignación de los 200 diputados de representación proporcional a más tardar el domingo 23 de agosto.

Eso permitirá que la Cámara de Diputados se instale el 1 de septiembre y que la Junta General Ejecutiva dictamine sobre la eventual pérdida de registros del PT y del Partido Humanista.

La eventualidad de que la conformación de la Cámara Baja cambie debido a las resoluciones pendientes, expresó el consejero Benito Nacif, presidente de la Comisión de Prerrogativas del INE, será valorada por el organismo, pero, dijo “es un escenario inquietante”.

Modelo de nulidad, inoperante. En la sesión, los magistrados Galván Rivera, María del Carmen Alanís y Manuel Oropeza dudaron de la operatividad del nuevo sistema de nulidades por rebase de topes, debido a las fallas y retrasos en que incurrió el INE.

Los magistrados plantearon que el INE incumplió sus sentencias, resolvió sin ser exhaustivo en las indagatorias de las denuncias, tardó hasta un mes en realizar diligencias y aunque le fueron presentadas diversas pruebas en algunos casos, no las valoró ni se refirió a ellas.

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