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El subsecretario de Derechos Humanos de la Segob, Roberto Campa Cifrián, dijo que los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa y las autoridades federales discuten las propuestas que plantearon al Presidente Enrique Peña Nieto, en la reunión del jueves, que fue productiva y de respeto mutuo, lo que significa que hay claramente un avance en la situación.
A pregunta de los periodistas que lo entrevistaron esta tarde, sobre un eventual “borrón y cuenta nueva”, de la verdad histórica de la PGR, Campa Cifrián, dijo:
“En el Informe (de los expertos de la CIDH) no hay nada que sustente un borrón y cuenta nueva; me parece que (aportan) puntos de coincidencia con la investigación del ministerio público”. También el grupo pide profundizar en algunos temas, como el trasiego de droga, como móvil de los hechos.
Agregó: “Si uno revisa con cuidado el informe de los expertos, hay apuntes para fortalecer la investigación, pero nada que sustente un borrón y cuenta nueva”.
Al respecto, refirió lo señalado sobre el basurero, “la posibilidad o no de que puedan haber sido incinerados 43 cuerpos (en Cocula). Los expertos, como dicen, acreditan que hay distintas líneas en las declaraciones sobre qué fue lo que paso con los estudiantes, con los cadáveres, y encuentra que (en la averiguación previa) hay cuatro líneas distintas”.
En ese punto el grupo de expertos “pide al doctor (José Luis) Torero que haga la investigación, y determina que desde la información que tiene, no pudieron haber sido incinerados 43 cuerpos en el basurero. Pero a partir de la manera como se recolectó la evidencia y de las condiciones propone él mismo en su estudio que se realice una investigación del más alto nivel”.
Dicha recomendación, señaló Campa, se atiende por parte del gobierno federal, y se compromete el jueves en la reunión de Peña Nieto con los padres de Ayotzinapa, que ese estudio contará con la participación de Torero.
Resumió Campa puntos de acuerdo: La investigación está abierta y ese será su estado, mientras haya líneas de investigación y detenciones pendientes.
Se planteó la conveniencia de que un área determinada de la PGR se encargue de dar seguimiento a las tareas de investigación y de búsqueda, y al respecto “confiamos que tendrá esta área la adscripción que esperan los familiares y los expertos”.
De las diferencias respecto de si la investigación la lleve a cabo una unidad específica para Ayotzinapa o una fiscalía para desapariciones forzadas de personas, el subsecretario Campa sostuvo la propuesta oficial:
“Creemos que siendo muy importantes los desaparecidos de Ayotzinapa, hay también otras organizaciones de desaparecidos que han planteado atención en materia de investigación, de búsqueda y por eso se ha planteado de esta manera”.
Señaló que “hay posibilidad de conciliación”, de posiciones, sobre los esquemas de búsqueda colectiva e individual; consideró resuelto el punto del mandato del equipo de expertos, que se amplía seis meses, un periodo que se consultó con ellos mismos, como oportuno para concluir las tareas que tienen definidas.
Dijo que los funcionarios recibieron instrucciones del presidente Enrique Peña Nieto de atender las peticiones y los reclamos de los familiares, relativos a la búsqueda, que es prioridad, y atención a víctimas, en algunos casos heridos que requieren mejor seguimiento médico.
