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El proceso de inscripción de candidaturas para la Asamblea Constituyente convocada por Nicolás Maduro concluyó ayer. El mandatario aseguró que fue un “éxito”, mientras estudiantes universitarios y opositores volvieron a tomar las calles, continuando la ola de protestas que se registran en el país desde hace más de dos meses y que, según la fiscalía, ha dejado 63 muertos. La oposición cifró los heridos en 15 mil.
Maduro, quien sugirió que la reforma constitucional que haga la Constituyente será sometida a referéndum, afirmó que en el proceso de inscripción de candidatos para ocupar los 545 asientos de la Asamblea se registraron 52 mil venezolanos. “Como decimos en el argot venezolano, la Constituyente pegó. Es un récord, nunca antes se habían inscrito tantos candidatos en la historia de Venezuela, en un país en lucha, agredido, pero que se afirma en su democracia”, dijo en una reunión con empresarios del sector minero de Sudáfrica.
Entre los postulados están la esposa de Maduro, Cilia Flores, y el segundo hombre del chavismo, el diputado Diosdado Cabello.
Sin embargo, la oposición insiste en que la Constiyente es ilegal porque el proceso no fue avalado por el pueblo. Lo mismo opina la fiscal general venezolana Luisa Ortega Díaz, quien pese a ser chavista ayer pidió a Maduro “echar para atrás” la iniciativa. El oficialismo la acusa de traición.
Ortega señaló también que 19 de las 63 muertes que se han producido hasta el momento en las protestas son atribuibles a los cuerpos policiales y militares que actúan en la contención de los manifestantes. Destacó que al menos 422 personas han sido privadas de libertad por los hechos violentos que han derivado de la ola de manifestaciones que inició el pasado 1 de abril.
Por su parte, el diputado opositor José Manuel Olivares aseguró que hasta ayer se contabilizaban 15 mil personas lesionadas. Sólo esta semana, subrayó, los diferentes centros asistenciales atendieron a mil heridos provenientes de manifestaciones.
Estudiantes tomaron de nueva cuenta las calles pero, por primera vez en el tiempo que llevan las protestas, lograron llegar hasta el canal oficial Venezolana de Televisión (VTV) y una delegación logró entregar un manifiesto a un representante gubernamental.
Una delegación de ocho estudiantes pudo presentar sus reclamos, que incluyen respeto a las víctimas mortales de las protestas, pues el canal ha acusado a los manifestantes opositores de ser responsables de varias de esas muertes.
Los chavistas también marcharon, para exigir a la fiscal Ortega que renuncie al cargo “si no es capaz de impartir justicia”, y la ligaron con “el fascismo”.
En tanto, Amnistía Internacional (AI) alertó sobre la posibilidad de que una “militarización” de la crisis venezolana con la “excesiva” actuación de los cuerpos de seguridad en el control de las manifestaciones opositoras esté exacerbando la violencia del país. Acusó a las autoridades de usar un “terrorífico” enfoque para lidiar con la crisis.
Ayer mismo, el líder opositor Henrique Capriles, gobernador de Miranda, informó que recibió una medida cautelar de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para que el gobierno de Venezuela garantice su vida, “integridad personal y derechos políticos”. El pasado lunes, Capriles denunció que fue emboscado por funcionarios de la policía militarizada Guardia Nacional Bolivariana (GNB) al término de una protesta antigubernamental en una urbanización de Caracas.
En Washington, el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA) externó su confianza en que un “gobierno democrático” en Venezuela pueda frenar la salida del organismo que inició Maduro y que no será efectiva hasta 2019.
