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El gobierno venezolano ratificó durante las protestas opositoras de abril y mayo de este año que la comunidad internacional debe comprender que Venezuela es víctima de una “insurgencia armada fascista y antipopular” ejecutada por la oposición interna, a la que califica como ultraderechista y culpa de lanzar “acciones violentas, ilegales y terroristas” con apoyo de “gobiernos imperiales”.
“Se han alzado en armas contra el pueblo”, denunció el presidente Nicolás Maduro. En Venezuela, advirtió la canciller de ese país, Delcy Rodríguez, hay una batalla entre el modelo explotador imperialista capitalista y el socialismo revolucionario de independencia, soberanía y autodeterminación.
“Los poderes fácticos están íntimamente relacionados con las corporaciones mediáticas, que son las que desarrollan permanentemente el ataque a la revolución bolivariana. El bullying mediático internacional impacta directamente en la economía”, adujo.
“La agresión económica” al gobierno venezolano tiene dos objetivos “muy claros”, advirtió. Uno es, dijo, “hacerse de los recursos naturales de Venezuela, que tiene la principal reserva de petróleo del planeta y cuenta con las reservas más grandes del mundo en gas, minería y agua”. El otro es, añadió, “el modelo político ideológico que representa la revolución bolivariana, y su proyección histórica hacia otros procesos de la región, que son los objetivos centrales imperiales para justificar la intervención en nuestra patria”.
Maduro justificó su convocatoria del 1 de mayo a una Asamblea Nacional Constituyente. En un decreto alertó que, “con la bendición de Dios Todopoderoso”, busca “la preservación del país”, porque “severas amenazas internas y externas de factores antidemocráticos y de marcada postura antipatria se ciernen sobre su orden constitucional”.
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