La Asociación de Abogados de Estados Unidos (ABA, en inglés) instó hoy al presidente Donald Trump a retirar la orden ejecutiva que restringe la entrada de ciudadanos de siete países de Oriente Medio y prohíbe la llegada de refugiados.
En una votación a viva voz al finalizar una reunión en Miami, la Cámara de Delegados de la ABA, compuesta por 589 miembros, que son los que definen la política de la asociación, aprobó una resolución que reclama al Gobierno que asegure un cumplimiento completo, rápido y uniforme de las decisiones judiciales sobre esa orden ejecutiva.
En los últimos días un juez federal suspendió la aplicación de la orden dirigida a "Proteger la Nación de la Entrada de Terroristas Extranjeros" y un tribunal de apelaciones rechazó el recurso presentado por la Administración Trump contra esa decisión de primera instancia.
La Asociación de Abogados, que cuenta con más de 400.000 miembros, exigió también que a la hora de dictar órdenes ejecutivas (decretos) sobre la seguridad fronteriza, la inmigración o el terrorismo, se tenga en cuenta el debido respeto a la Constitución y los derechos del debido proceso.
Otro reclamo de ABA es que no se use la religión o la nacionalidad como base para prohibir la entrada en Estados Unidos a un individuo que por otro lado cumpla los requisitos para ser admitido.
Además, el Gobierno, dice la resolución, debe acatar las obligaciones que imponen las leyes internacionales en cuanto a los refugiados y al principio de no rechazo.
Por último señala que es necesario brindar un sistema transparente, accesible, justo y eficaz para administrar las leyes y políticas de inmigración de EU y asegurar protección a refugiados, peticionarios de asilo, víctimas de tortura y otras personas que merezcan amparo humanitario.
En otra resolución, también aprobada al termino de una reunión iniciada en Miami (Florida) el pasado día 1, la Cámara de Delegados de ABA reafirmó el apoyo a la protección legal de las personas en las situaciones antes mencionadas.
Según el comunicado, ABA pidió al Congreso nuevas leyes para recaudar fondos para las solicitudes de refugio y su trámite y para garantizar que los refugiados reciban una evaluación apropiada e individual en una manera que excluya el origen nacional y la religión como base para tomar una decisión sobre su caso.
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